Tal es el caso de escuelas como la Tito Salas, del municipio Sucre, que llegó a estar "tomada" por 22 concejos comunales en "pugna". Hernández señala que ha sido "una lucha titánica" lograr que el colegio vuelva a las manos de quienes siempre estuvo: padres, representantes, alumnos y docentes.
Relató que luego de 10 años de abandono, la escuela sirvió como centro de funcionamiento para 22 consejos comunales, lo que imposibilitaba dar clases en el lugar. Incluso las actividades deportivas llegaron a detenerse por falta de disponibilidad de canchas y áreas recreativas.
"El colegio quedó prácticamente secuestrado por las actividades de la comunidad y no tenían que ver precisamente con estimular la enseñanza, el deporte y la recreación como establece la normativa del comportamiento escolar, más bien en contra de esto porque hasta licor se llegaba a consumir en estas instalaciones".
Lo que se pretendía, según argüían los consejos comunales, era convertir la Tito Salas, en una escuela bolivariana, en contravención a lo que deseaban los padres y representantes que "era simplemente que le impartieran educación a sus hijos".
De este ejemplo se valió Hernández para hablar del peligro que supone la potestad que da la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) a los consejos comunales, entre otras organizaciones comunitarias, para supervisar e intervenir en el trabajo docente.
Agrega que en la reforma de la Ley de Consejos Comunales estos desaparecen y pasan a formar las comunas socialistas, que de manera progresiva tendrán el control desde la comunidad hacia la escuela.
Hay aquí entonces una visión dentro de la Ley de Educación que implica que la escuela deje de ser lo que siempre ha sido y lo que constitucionalmente debe ser: el centro de quehacer pedagógico que nos orienta, para pasar a convertirse "en el centro del quehacer comunitario".
Hernández recordó además que los Consejos Comunales no son electos democráticamente como es el caso de las Federaciones de Centros, Consejos de Docentes, Delegados sindicales o sociedades de padres y representantes sino que son designados por le Presidente.
"El docente solo era sometido a evaluaciones por méritos y se establecía que no podía haber ingerencia partidista en este proceso, pero ahora con la Ley de Educación si bien dicen que se tomará en cuanta el mérito de los docentes se introduce un elemento que no tiene que ver con el ejercicio pedagógico, porque establece que los consejos comunales y los colectivos internos y externos (y sabemos la carga que tiene el concepto colectivo) serán los encargados de evaluar a docentes y maestros y tendrán en su poder de la contraloría social que a todas luces se convertirá en un mecanismo de control político".
"Hay una perversión, hay un cambio de roles que lleva a que se destruya la institución escolar y se convierta al docente en un instrumento del comisariato político de turno", enfatizó.
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