El PSOE salió en defensa de la ministra en la Comisión del Congreso
Chacón recuerda que fue la primera dirigente que ordenó eliminar las 'bombas racimo'
martes 19 de abril de 2011, 15:21h
El PSOE ha terciado este martes en la polémica sobre el uso de bombas de racimo españolas por parte del régimen de Gadafi contra los rebeldes libios recalcando que la venta de este tipo de armamento era legal hasta que España decidió "unilateralmente" prohibir su exportación en 2008, "dos años antes de que fuera una obligación internacional". De hecho, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha presumido de que España fue el primer país que optó por destruir todo su arsenal de bombas de racimo.
La utilización de este tipo de armamento por parte del régimen de Gadafi salió a colación durante el debate que tuvo lugar en la Comisión de Defensa del Congreso de la mano del diputado de CiU, Jordi Xuclà, cuya formación lleva pidiendo que se acabe con este tipo de armamento desde 1997.
Tras recordar que la ofensa de Gadafi puede haber causado entre 6.000 y 10.000 muertos y reprochar a Chacón que no haya dado cifras concretas al respecto, Xuclà pidió a la ministra que aclarase cuándo se vendieron a Libia las armas que supuestamente está utilizando ahora Gadafi contra sus ciudadanos.
Además, recordó que la Ley para el Control de Comercio de material de defensa y doble uso de 2007 ya mandataba al Gobierno a trabajar en pro de acuerdos internacionales para la prohibición de fabricación, comercio y tránsito de bombas de racimo, que afectan especialmente a la población civil.
Sarcástico y paradógico
Xuclà apuntó que el Gobierno podría haber incurrido en un "incumplimiento" de ese mandato legal y, en todo caso, dejó claro que "como mínimo" cayó en una "contradicción en el ámbito de los principios" si el mismo año en que se le instó a negociar un acuerdo para acabar con ellas negociaba su venta a Libia.
Además, el diputado nacionalista catalán esgrimió una respuesta del Gobierno fechada en noviembre de 2006 en la que Ejecutivo se mostraba reacio a prohibir la fabricación de bombas de racimo, para argumentar que fueron otros países como Noruega e Irlanda los que abanderaron la lucha contra este armamento y lograron su prohibición en el Convenio de Dublín, de mayo de 2008.
También el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aludió al "sarcasmo" y la "paradoja" que supone que Gadafi esté usando las armas de procedencia española y reprochó al Gobierno que por un lado tenga buques bloqueando el comercio de armas por mar pero no se "sonroje" por favorecerlo por tierra desde Egipto.
Más parca se mostró la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, quien sumándose a la petición de explicaciones de CiU, demandó un listado detallado para conocer "a quién, cómo y cuándo" se han suministrado bombas de racimo española.
España lo aplicó dos años antes que el resto
El encargado de responder fue el portavoz socialista en la Comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, quien rebatió la tesis de Xuclà subrayando que la Ley sobre el Comercio de material de defensa obligaba al Gobierno a buscar un compromiso internacional para acabar con las bombas de racimo y que el Ejecutivo no sólo lo logró, sino que, antes de conseguirlo, decidió empezar a aplicarlo unilateralmente en su propio territorio.
Así, recordó que el Consejo de Ministros adoptó esa decisión en julio de 2008, dos años antes de que se comenzase a aplicar el tratado internacional suscrito en Dublín. En este contexto, incidió en que antes de adoptar esa determinación "era legal producir y vender bombas de racimo" a otros países, tanto con gobiernos socialistas como 'populares'.
Por su parte, la ministra de Defensa se limitó a comentar que "durante 70 años, distintas empresas han fabricado y vendido bombas de racimo" y que fue su Gobierno el que puso fin a su fabricación y se convirtió en el primero en destruir todo su arsenal.
Aviso desde el respeto institucional
Chacón también aprovechó para replicar a las alusiones a Libia, a Gadafi y al uso de armas españolas por parte del dictador que ha realizado en los últimos días el ex jefe del Ejecutivo y presidente de honor del PP, José María Aznar.
"Le tengo todo el respeto institucional, porque como expresidente lo merece, pero sí le pediría a su grupo que les traslade que hacer afirmaciones que pongan en tela de juicio la solvencia de España o que critiquen abiertamente decisiones que este Parlamento toma casi por unanimidad no es bueno para el país", reclamó al PP, cuya portavoz no mencionó ni una palabra sobre las declaraciones Aznar poniendo en cuestión la operación contra Libia.
También el portavoz socialista arremetió contra el expresidente, enmarcando sus manifestaciones en las tesis que mantienen sobre Gadafi los "neoconservadores" como Henry Kissinger o los "neomarxistas más recalcitrantes" como el régimen cubano. "No es que se le haya ido la mano", agregó, antes de censurar a quienes prefieren que siga Gadafi, aunque masacre a su pueblo, a que Libia se llene de "yihadistas salafistas".
Para Xuclà, lo que es "excéntrica" es la doctrina que plantea Aznar cuando define al dictador libio como el "amigo excéntrico de Occidente", mientras que Llamazares utilizó su turno de palabra para sentenciar que Gadafi siempre ha sido el mismo "dictador repugnante": ahora que es el "gran enemigo de la coalición internacional" o antes cuando "le daban mano y hacían negocios con él".
Dos meses de prórroga
La Comisión de Defensa del Congreso ha autorizado además que la misión militar española en Libia se prolongue durante otros dos meses. Aunque el único partido que votó en contra de esta decisión fue Izquierda Unida, toda la oposición cuestionó los resultados logrados hasta ahora por la coalición internacional y las fuerzas de la OTAN y avisó del riesgo de que la situación en Libia se enquiste.
Actualmente España participa en la operación 'Protector Unificado' de la OTAN con cuatro aviones de combate F-18 y un avión de reabastecimiento en vuelo --para la zona de exclusión aérea-- y una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima --en el embargo naval de armas--. En total, 302 efectivos.
La autorización amplía dos meses más la participación en la zona de exclusión aérea y permitirá la posibilidad de que nuestros militares puedan participar también en la misión humanitaria que prepara la UE para facilitar llegada de ayuda humanitaria y evacuación de refugiados, siempre si cuenta con respaldo de la ONU y sin superar el máximo autorizado de 500 militares.
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