El prestigioso diario estadounidense 'The Washington Post' ha publicado un amplio reportaje sobre la DANA de Valencia con un titular arrollador, donde se plantea: "¿Fue también un crimen la catástrofe de la inundación de Valencia?".
Con esta pregunta directa, el periódico aborda la tragedia ocurrida en València el 29 de octubre de 2024 y usa el término "crimen" como algo no casual, ya que el artículo plantea si la gestión política del desastre fue tan deficiente que podría considerarse penalmente responsable.
Escrito por los periodistas Chico Harlan, Michael Robinson Chávez y Roser Toll Pifarré, el reportaje reconstruye con detalle cómo se desarrollaron los eventos fatídicos. A través de testimonios impactantes y documentos judiciales, el texto cuestiona la tardanza en emitir alertas de emergencia y la falta de preparación institucional para enfrentar una catástrofe anunciada.
Una respuesta oficial demasiado tardía
Uno de los puntos más destacados del artículo es el retraso en la emisión de la primera alerta oficial, que llegó a las 20:11 horas, cuando gran parte de la ciudad ya estaba sumergida bajo el agua.
Para ese momento, muchas víctimas ya habían perdido la vida o estaban atrapadas sin posibilidad de escapar. Según el reportaje, las advertencias meteorológicas fueron claras desde temprano, lo que convierte esta tragedia en algo potencialmente evitable.
Se menciona también la investigación judicial que lleva la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la cual examina la actuación de 2 altos cargos por homicidio imprudente. El artículo subraya que su labor judicial podría marcar un precedente en Europa, al abrir la puerta a una posible rendición de cuentas sin precedentes.
Como el huracán Katrina
El reportaje establece un paralelismo entre la tragedia de Valencia y el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005. En aquel caso, pese a las graves fallas en la evacuación y la entrega de ayuda, ningún responsable político fue procesado penalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, 'The Washington Post' destaca que el caso valenciano podría ser diferente debido a que la catástrofe era "previsible" y las advertencias meteorológicas fueron tempranas y contundentes.
El artículo señala directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, como figuras centrales en la polémica.
Según el reportaje, Pradas carecía de experiencia en gestión de emergencias y no convocó una reunión de coordinación hasta las 17:00 horas, a pesar de que las primeras alertas se emitieron a las 8:00 de la mañana. La tardanza en actuar tuvo consecuencias fatales.
Carlos Mazón y su comida
Otro tema clave del artículo es la ausencia de Carlos Mazón en el proceso judicial. Aunque no está imputado, por su condición de presidente autonómico solo puede ser juzgado por un tribunal superior. La jueza le ha ofrecido declarar como testigo, pero el reportaje señala textualmente que "es algo que él no ha hecho".
Mientras tanto, asociaciones de víctimas lo señalan como el principal responsable político. El día de la tragedia, Mazón mantuvo su agenda pública, participando en actos institucionales y en una comida de varias horas. Durante una rueda de prensa a las 13:00, incluso llegó a anunciar erróneamente que la tormenta "disminuiría su intensidad" a las 18:00.
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