Los grupos parlamentarios de Podemos, ERC, EH Bildu y BNG presentaron de manera conjunta una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.
El objetivo es exigir al Gobierno un indulto para las conocidas como ‘Las 6 de La Suiza’, un grupo de sindicalistas condenadas a penas individuales de 3 años y medio de prisión por coacciones contra el propietario de una pastelería en Gijón.
Una sentencia "injusta"
Según los firmantes, esta medida sería la única vía para evitar que estas personas continúen cumpliendo una sentencia que consideran "injusta".
En el texto registrado para su debate y votación en la comisión de Justicia del Congreso, los partidos argumentan que, tras agotarse todas las opciones judiciales disponibles, un indulto se presenta como la única alternativa viable.
Aseguran que las 6 personas condenadas están pagando "una pena de cárcel por ejercer su derecho a la libre actividad sindical".
Además, destacan que esta solicitud cuenta con el respaldo de más de una veintena de organizaciones sindicales, así como con el apoyo explícito del Gobierno de Asturias.
El caso que las llevó a prisión
'Las 6 de la Suiza’, integradas por 5 mujeres y un hombre, ingresaron en prisión el 10 de julio tras ser sentenciados por coacciones contra el dueño de una pastelería en Gijón.
Este establecimiento cerró sus puertas como consecuencia de las protestas organizadas frente al local, movilizaciones que se desencadenaron por el despido de trabajadora embarazada. Ella había denunciado abusos laborales de su jefe.
Las condenas a prisión fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en 2024.
La sentencia dictada por el tribunal incluyó penas de 3 años y medio de cárcel para cada uno de los implicados. Sin embargo, tanto las organizaciones sindicales como los partidos promotores de la iniciativa legislativa consideran que la gravedad de la pena no se ajusta a la naturaleza de los hechos juzgados. Para ellos, se trata de un caso emblemático que pone en evidencia la necesidad de revisar cómo se aplican ciertas normativas legales en conflictos laborales.
Los partidos promotores de la proposición no de ley insisten en que este caso no solo afecta a los directamente implicados, sino que también tiene un impacto simbólico en la lucha por los derechos sindicales en España. Según ellos, permitir que estas personas permanezcan en prisión podría generar un precedente preocupante sobre cómo se gestionan conflictos laborales en el país.
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