El Ejecutivo mantiene firme su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su procesamiento por supuesta revelación de secretos.
Ortiz fue imputado en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Palacio de Marivent, donde se reunió con el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez expresó ayer martes su aval incondicional al fiscal, afirmando que sigue confiando plenamente en su inocencia.
"Cuenta con el aval"
Sánchez declaró con contundencia que desde el Gobierno "respaldamos la posición del fiscal, creemos en su inocencia y cuenta con el aval del Gobierno de España".
RTVE cita a fuentes de Moncloa donde expresan su "máximo respeto a la justicia", pero mantienen su apoyo a García Ortiz, designado para el cargo en 2022 a propuesta del propio Ejecutivo.
Desde el inicio de la causa judicial, abierta en octubre de 2024, el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones su "confianza plena" en la inocencia del fiscal general.
Tensión política
El PP, por su parte, exige la dimisión inmediata de García Ortiz. A través de redes sociales, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, argumentó que "quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos". Feijóo concluyó su mensaje con un llamamiento rotundo: "No puede seguir ni un minuto más". El PP considera insostenible que el fiscal general continúe ejerciendo sus funciones mientras enfrenta cargos judiciales.

Por el contrario, figuras destacadas del Gobierno han defendido la permanencia de García Ortiz en el cargo. La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, llegó a criticar las acusaciones formuladas por el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, señalando que carecen de pruebas concluyentes. Además, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sostuvo que es "perfectamente sostenible" que García Ortiz siga en su puesto, ya que "en un Estado de derecho" debe prevalecer el principio de "presunción de inocencia".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales, a travé de su portavoz, Félix Martín, explicó a la 'SER' que García Ortiz "está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia". "Observamos que los argumentos que han llevado al procesamiento del fiscal general del Estado son especulativos y enteramente subjetivos", denunció.
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