El PSOE ha remitido al instructor en el Tribunal Supremo del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, un documento en el que indica que el que fuera secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, pagó más de 38.000 euros en concepto de cuotas de afiliado y donaciones, desde el año 2014 hasta la actualidad.
Los datos reclamados por el magistrado se enmarcan en la investigación por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Según ese escrito, Cerdán pagó al partido 780 euros en calidad de cuotas de afiliación y "aportaciones comprometidas en función de los distintos cargos", mientras que otros 37.302 euros serían donaciones hechas al PSOE.
Asimismo, el partido detalla que las donaciones como diputado autonómico en Navarra se realizaron de forma anual, mientas que las que hizo durante su etapa como parlamentario del Congreso tenían carácter mensual y se calculaban sobre su sueldo bruto. Esas cantidades se registran por el PSOE como aportaciones por el cargo de diputados y después son declaradas a la Agencia Tributaria.
Y durante el periodo de tiempo que Cerdán percibió cantidades como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, sobre esas retribuciones también se practicó la deducción de la cantidad que le correspondía abonar, que era transferida desde una cuenta ordinaria del PSOE a la cuenta diferenciada de donaciones y aportaciones.
El PSOE expone que Cerdán también realizó en las cuentas del PSOE otros ingresos, entre ellos "un microcrédito electoral de 3.000 euros mediante transferencia, suscribiendo el correspondiente contrato, que fue objeto de devolución con los intereses correspondientes, exactamente 3.024,36 euros".
En ese apartado menciona también "una donación de 600 euros mediante transferencia que fue empleada para una donación colectiva que realizó el PSOE al Instituto de Salud Carlos III para la investigación del COVID".
Por otro lado, el PSOE informa al Supremo sobre los pagos que hizo a Cerdán desde 2014, especificando que fueron 129.647,91 euros por los cargos que ejerció en el partido; más 425.636,99 euros del Congreso de los Diputados que, según subraya, "no son retribuciones del PSOE" sino transferencias de la Cámara Baja al grupo parlamentario socialista y, de éste, a Cerdán, deduciendo las aportaciones comprometidas. A ello suma 119.950,27 euros por liquidaciones de gastos.
El juez Leopoldo Puente rechaza varias peticiones de Cerdán
Por otro lado, el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado varias peticiones de la defensa de Santos Cerdán y le ha respondido que es "evidente" que no está investigando a ningún aforado salvo al ex ministro José Luis Ábalos.
El magistrado ha dictado un auto en el que considera que dichas peticiones no resultan pertinentes, útiles ni necesarias para la investigación.
Entre otras cosas, solicitaba la suspensión de cualquier línea de investigación que afecte a aforados, en alusión a la orden del juez del pasado febrero de investigar los mensajes de Ábalos, el ex asesor Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Dice el magistrado del Supremo que la defensa de Cerdán parece erigirse en "paladín de los derechos parlamentarios de terceros" y que en aquella diligencia de febrero "no ordenó la práctica de investigación alguna respecto de ninguna persona aforada", sino que se averiguase si en los teléfonos de Aldama se hallaba, como él afirmó, alguna comunicación mantenida con Torres (o sus subordinados), con Santos Cerdán o con cualquier aforado. Y deja claro que "es evidente que ni en esta causa especial ha resultado inculpado diputado o senador alguno (más allá de Ábalos, con su correspondiente suplicatorio), ni se ha encargado tampoco a la policía judicial actuante más investigación que la referida".
Asimismo, Puente responde que todos los documentos constan en las actuaciones y pide a la letrada de la Administración de Justicia que resuelva cualquier incidencia que impidiera el acceso a cualquier documento. El abogado de Cerdán pedía "la totalidad de las evidencias electrónicas" intervenidas, a lo que el magistrado responde que "dicha petición, en los imprecisos términos en los que aparece formulada, no puede ser acogida, por considerarla claramente inútil y perjudicial".
La Oficina de Anticorrupción de Navarra detecta irregularidades en adjudicaciones
En Navarra, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha detectado irregularidades en el contrato de obras de construcción de 62 VPO en Erripagaña, adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar.
En un informe, determina que la empresa pública Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y afirma que "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.
La Oficina Anticorrupción considera que "la acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios en la actuación de Nasuvinsa" en el expediente del contrato de obras de construcción "excede de meras irregularidades administrativas".
Además, el informe considera "nula de pleno derecho" la adjudicación de las obras de los túneles de Belate a Servinabar, Acciona y Oses Construcciones.
"En la valoración de los criterios cualitativos, cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás", apunta el documento, un hecho que constituiría "una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados".
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