El Ministerio de Igualdad ha tenido que activar este martes junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas usuarias del sistema de pulseras antimaltrado debido a un fallo de los dispositivos. Este sistema garantiza el seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas por causa de violencia de género y violencia sexual.
Una nota del Ministerio afirma que la ministra, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, se han puesto en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia". Después de estudiar todas las opciones técnicas, se ha visto que el origen del problema estaba en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta, comenta el Ministerio.
Aproximadamente un 10% de estos mensajes están creando incidencias recurrentes que crean una sobrecarga del sistema que, aun así, ya se encuentra en proceso de recuperar la normalidad.
Este sistema lleva las pulseras de control telemático que permiten saber la situación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento, de modo que sirven para proteger a las mujeres, que también llevan dispositivos, y documentar posibles quebrantamientos. Además, el botón de pánico de las mujeres ha funcionado con normalidad, de acuerdo con fuentes del ministerio.
Más de 4.500 hombres con pulsera
En España, más de 4.500 hombres llevan en estos momentos estas pulseras. Una incidencia en su funcionamiento ha puesto el foco en estos dispositivos, que se usan en el país desde 2009. No existe constancia de que ninguna mujer haya sido asesinada mientras llevaba uno de estos dispositivos antimaltrato. Desde 2009, un total de 21.036 mujeres los han usado en algún momento.
Estos brazaletes se activan cuando lo decreta un juzgado: se pone una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que cuenta con una orden de alejamiento, ya sea porque ha sido condenado o porque se encuentra a la espera de sentencia. La manipulación del dispositivo trae una multa. La violación de una orden de alejamiento, regulado en el artículo 468 del Código Penal, puede llevar a penas de prisión de 6 meses a 3 años si la persona protegida es víctima de violencia de género.
A la víctima se le da un teléfono inteligente que emite una alerta si el hombre se acerca. La instalación de este sistema busca garantizar la seguridad de la mujer, ver posibles infracciones de la orden de alejamiento y servir de disuasión al agresor para que cumpla con las prohibiciones impuestas judicialmente.
La pulsera de geolocalización lleva una correa que detecta roturas y manipulaciones, tiene una vida útil de 12 meses y puede recargarse con facilidad. La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono, hacer videollamadas, mandar imágenes y enviar mensajes de alerta al centro de control.
Hace un mes se denunció que estas mismas pulseras habían sufrido un fallo por qué en 2023, cuando la adjudicación del servicio se cambió, en esa transición hubo un problema en el volcado de datos de un proveedor a otro que llevó a que durante unos meses no se pudiera saber los movimientos de esos hombres antes del 20 de marzo de 2024, lo que, aseguró la Fiscalía General del Estado, lo que supuso una "potencial desprotección de las víctimas", como señala en su última memoria anual.
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