El Consell de Garanties Estatutàries, órgano de la Generalitat encargado de velar por la legalidad de los acuerdos emanados del Parlament, ha rechazado por unanimidad las trampas jurídicas utilizadas por Junts Pel Sí y la CUP para tramitar por la vía de urgencia la ley del referéndum saltándose el preceptivo informe de la entidad catalana.
La ley del referéndum ha sido incluida con 'calzador' en el orden del día de una sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña, pero esto ha sido el menor de los ardides vistos a lo largo de una tensa y bronca jornada parlamentaria escenificada para tratar de sortear los obstáculos legales de tramitación de la norma.
A primera hora, el secretario de la Mesa del Parlament se negó a firmar el documento para la publicación y admisión a trámite de la ley del referéndum. Esta se llevó a cabo solo con los votos de cuatro miembros de la Mesa y con la rúbrica de su presidenta, Carme Forcadell.
Esto ha provocado que la presidenta del Parlament y el resto de miembros de la Mesa hayan sido objeto de una querella por parte de la Fiscalía de Cataluña y el propio Gobierno central ha promovido contra ellos una iniciativa de testimonio de particulares para reclamarles responsabilidades penales por su actuación contraria a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que ya les apercibió en su día para que se abstuvieran de actuar en este sentido.
A lo largo del día, se han sucedido las distintas críticas de la oposición al formato parlamentario escogido para la tramitación de una norma de este calibre. Sin espacio para el debate, con sólo dos horas para presentar enmiendas -que después fue brevemente ampliado-, sin la posibilidad de votar enmiendas a la totalidad y con claras improvisaciones sobre las reglas del juego del debate en cuanto a tiempos o derechos de intervención, la sesión parlamentaria fue culminada con el rapapolvo jurídico del propio Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña.
En un acuerdo adoptado por unanimidad, el Consell de Garanties ha recordado al Parlament "el carácter preceptivo" de su dictamen -que podría dilatar hasta un mes la aprobación de la ley-, en el seno del procedimiento legislativo. Es decir, si bien sus dictámenes no son vinculantes, sí son de obligada petición y consideración.
El Consell insiste en que "corresponde a la Mesa, como órgano parlamentario competente para la calificación y admisión a trámite de todas las iniciativas parlamentarias, el envío de las solicitudes de dictamen al Consejo en cumplimiento del Estatuto". Si finalmente el Parlament decidiera seguir adelante con la votación de la ley del referéndum estaría así vulnerando la legalidad.
Anteriormente, el Consell ya se pronunció contra el referéndum independentista manifestando que “no supera el test de la adecuación constitucional y estatutaria ya que, a fecha de hoy, la jurisprudencia constitucional no reconoce a la Generalitat la potestad de regular ni de convocar una consulta refrendaria sobre el futuro político de Cataluña”.
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