El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue pagando los platos rotos del caso del novio de Ayuso. Ahora ha presentado otra queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la divulgación de información personal.
Esos datos privados estaban en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha terminado filtrado masivamente.
El documento incluye un registro detallado de las llamadas realizadas y recibidas durante un período de 10 meses, extendiéndose desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, a pesar de que el magistrado instructor había establecido límites temporales específicos.
Además, contiene información sensible, como números de teléfono, direcciones postales y DNI, no solo del fiscal general, sino también de otras personas relacionadas con él, como un escolta asignado, otro fiscal, un abogado y un periodista.
La queja del fiscal
La queja formal se ha remitido a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, quien ya conocía una primera reclamación presentada el lunes anterior. En dicha ocasión, García Ortiz manifestó su desacuerdo con la recopilación de estos datos, calificándola como "manifiestamente injustificada".
El motivo de esta segunda protesta radica en los documentos adjuntos al último informe entregado por la UCO al Tribunal Supremo, relacionados con la investigación sobre supuesta revelación de secretos vinculada al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Demasiada investigación
El fiscal general cuestiona cómo el contenido del informe proporcionado por la UCO al juez abarca un período mucho más amplio del estipulado. Según el mandato judicial, el tramo investigado debía centrarse entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, el informe final incorpora un total de 240.000 registros correspondientes a su actividad diaria y profesional.
García Ortiz responsabiliza tanto a la UCO por haber sobrepasado el alcance del mandato judicial como al instructor del caso, Ángel Hurtado, por no adoptar medidas adecuadas para proteger su intimidad. Por ello, solicita al CGPJ que actúe para garantizar el respeto a su privacidad.
El fiscal argumenta que esta exhaustiva recopilación constituye un "minutaje desmedido" de su vida personal y profesional, incluso estando imputado.
También señala que el desglose minucioso de su actividad telefónica no guarda relación directa con los hechos objeto de pesquisa.
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