La Fiscalía ha solicitado que el Ministerio de Justicia consiga la reparación integral del ex juez Baltasar Garzón después de haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que llevó a la suspensión de sus funciones durante 11 años.
En un escrito que se ha pasado a la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal ha pedido que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dictaminó que el Tribunal Supremo había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena.
Entre otras acciones, busca que se borren sus antecedentes penales, que se ejecute una compensación adecuada y que se adopten medidas para impedir que se cometan "violaciones semejantes en el futuro". Además, solicita que se saque en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Dictamen de las Naciones Unidas.
Hasta el momento, Justicia se había acogido al silencio administrativo negativo como respuesta a las demandas del ex juez. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la solicitud de Garzón para que se realicen las medidas de resarcimiento.
Una condena arbitraria, de acuerdo a la ONU
El Tribunal Supremo había condenado al juez a 11 años de inhabilitación por prevaricación después de ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados en la cárcel de Soto del Real.
De acuerdo con el alto tribunal, Garzón tomó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". Esta sentencia, para la que no existió opción a recurso, fue la que determinó el fin de la carrera de Baltasar Garzón, que perdió su plaza en la Audiencia Nacional.
En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a la conclusión de que fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" y pidió el borrado de sus antecedentes penales y que se le ofreciera "una compensación adecuada por el daño sufrido".
La resolución de a ONU consideró que estaba probado que el proceso judicial que terminó con la carrera de Garzón no había garantizado la imparcialidad de los magistrados que le sentenciaron y que no estaba basada "en provisiones suficientemente explícitas". También criticó que no pudiera acceder a una segunda instancia para recurrir, por lo que este organismo solicitó al Estado español una "reparación integral" y el borrado de sus antecedentes penales.
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