El Ministerio de Consumo ha anunciado que investigará a las empresas que publiciten en España productos o servicios provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel.
Esta medida, impulsada por el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, se basa en el Real Decreto-ley 10/2025, que el Gobierno español aprobó la semana pasada para tomar acciones urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina.
El artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025 prohíbe la publicidad de servicios en territorios ocupados. Ninguna empresa en España puede tener sus cuentas manchadas con la sangre del pueblo palestino.
🇵🇸 Se acabó el negocio con la ocupación ilegal.
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— Andrés Barragán (@andresbarragan.bsky.social) 30 de septiembre de 2025, 9:36
El artículo 4 del Real Decreto-ley prohíbe la publicidad de bienes y servicios que provengan de estos territorios ocupados con el objetivo de limitar el desarrollo de este tipo de negocio. En consecuencia, la Dirección General de Consumo iniciará una investigación contra las empresas que se estén beneficiando de la ocupación. Esta acción se fundamenta en un informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'. En el documento, Albanese, la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, señaló que algunas empresas están obteniendo beneficios económicos de la ocupación ilegal.
Lucha contra las "cuentas manchadas con sangre"
El ministro Bustinduy ya había anunciado el pasado mes de julio, durante la presentación del acto 'Alicanzas y acciones ante el genocidio en Palestina', que su departamento destinaría "todos los recursos que sean necesarios" para asegurar que "ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino". Con este anuncio, el ministro da un paso más para garantizar que "cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente".
El Ministerio considera que el mantenimiento de esta oferta de servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel". Las empresas que se benefician de la ocupación son vistas como una actividad ilícita según el derecho internacional. Como recoge el informe de Albanese, la fiscalía de Países Bajos está investigando denuncias de este tipo por posibles incumplimientos de la normativa sobre blanqueo de capitales.
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