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Rubén Cabrero, presidente de la Asociación de Forestales: 'El fin de muchos de estos incendios es ampliar las subvenciones de la PAC'

martes 29 de diciembre de 2015, 15:45h
Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA)
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Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) (Foto: AEAFMA)
El presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Rubén Cabrero, analiza en Diariocrítico las causas del centenar de fuegos que está calcinando el norte del país. Cabrero descarta el 'ladrillazo' como motivación de estos incendios provocados; critica que las ayudas de la PAC -creadas para fomentar prácticas ganaderas ecológicas- se otorguen sobre terrenos arrasados y defiende retocar aspectos "muy mejorables" de la ley de Montes.

- ¿Cómo puede explicarse el centenar de incendios que está asolando el norte de España en pleno invierno?

El hecho de que se produzcan en invierno numerosos episodios de incendios en el norte de España, que afectan principalmente a Asturias, Cantabria, Navarra, Galicia y norte de Castilla y León, no es una circunstancia excepcional, ya que año tras año estas Comunidades se ven afectadas por el paso de las llamas. Si bien, este año destaca por la escasez de lluvias en toda la península, que, junto con largos periodos en los que ha soplado viento del sur, hace que las masas forestales ardan con mayor facilidad y se generen incendios más virulentos y de mayores dimensiones, comportándose en muchos momentos fuera de capacidad de extinción y poniendo en riesgo vidas humanas, así como bienes materiales. Dicho esto, detrás de los incendios de invierno sólo hay una explicación: la mano del hombre.

- ¿Creen que son incendios provocados? ¿Y coordinados por varios autores?

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por el colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales en sus funciones de Policía Judicial para determinar las causas y los causantes que están detrás de estos incendios, indican que un amplísimo porcentaje (superior al 90%) son provocados de forma intencionada por incendiarios. Hay que destacar en este punto que incendiario se considera a aquel individuo que provoca un incendio con el objetivo de obtener un beneficio, sea económico o de otra naturaleza. Este es el tipo que define a los autores de estos incendios.

El hecho de que actúen de forma coordinada no está plenamente demostrado, pero lo que sí que ha quedado constatado es el denominado "efecto llamada", que no es otra cosa que aquélla persona que observa que se están produciendo diversos incendios y decide que es el momento adecuado para quemar aquella superficie que él entiende que le pueda beneficiar.

- ¿Hasta qué punto la PAC puede estar detrás de las hipotéticas motivaciones? ¿Puede un ganadero beneficiarse de subvenciones sobre un terreno público calcinado? De ser así, ¿tendrían los supuestos beneficiarios que esperar algunos años para ello?

Las ayudas de la PAC que otorga Europa para este sector están relacionadas con el número de hectáreas de pasto que existan. Estas superficies de pasto deben estar libres de matorral y de arbolado para que sean subvencionables, por lo que el fin de muchos de estos incendios es ese, ampliar las superficies objeto de subvención.

Un ganadero no puede beneficiarse inmediatamente de cobrar subvención por unos terrenos calcinados, ya que, según la Ley de Montes, esos terrenos deben acotarse al ganado durante varios años para permitir su regeneración natural. Dicho esto, frecuentemente las administraciones acotan los terrenos durante 2-3 años, por lo que a partir de ahí, podría cobrarse la PAC. Resulta contradictorio que una subvención destinada a favorecer las prácticas ganaderas de acuerdo a unos principios de ecología y sostenibilidad, se otorgue a terrenos en los que se ha producido todo lo contrario.

Desde la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, queremos hacer patente que no se debe "criminalizar" a un colectivo tan amplio como el ganadero por culpa de unos pocos individuos que, con un fin económico, cometen actos de delincuencia que atentan contra los recursos naturales y nos mostramos dispuestos a colaborar con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo al objeto de esclarecer tales hechos.

- Hay quienes denuncian que la ley de Montes abre la puerta a la quema de los bosques con vistas a un nuevo 'ladrillazo' sin tener que esperar a los 30 años necesarios para la recalificación del terreno, pero expresamente la ley de Montes especifica que deberían concurrir razones "imperiosas" para el interés general de primer orden y obliga a que el nuevo uso del suelo sea aprobado por un parlamento autonómico o por el Congreso si fuera un interés nacional. ¿No complica esto un poco la motivación constructora?

Partimos de la base de que detrás de los incendios que están afectando al norte de España no se ha detectado esta motivación y que, en caso de existir, sería ínfima en este determinado caso.

Ciertamente la reciente modificación de la Ley de Montes establece los mencionados cauces legales, pero a nuestro juicio son criterios subjetivos. ¿Cómo se define qué es un "interés general de primer orden" y qué no lo es? De este modo cualquier partido con mayoría absoluta podría aprobar proyectos sobre suelos quemados y vivimos en un país donde la corrupción está al orden del día. No podemos olvidar que el Parque Temático "Terra Mítica", ya fue declarado de "interés general" y se construyó sobre terreno quemado. Abrir la puerta a cualquier tipo de especulación urbanística es siempre peligroso.

- ¿La ley de Montes defiende como es debido a los recursos naturales? ¿Habría que cambiar la ley?

La actual Ley de Montes, modificada recientemente, cuenta con varios aspectos muy mejorables. El primero de ellos es la participación. La modificación de esta Ley se ha tramitado sin tener en cuenta la opinión de muchos colectivos implicados, y para muestra lo que estamos viviendo estos días. Quizá escuchando a los diferentes sectores afectados: Ganadería, Agricultura, Organizaciones Ecologistas, colectivos de usuarios del monte, Agentes Forestales...se puedan llegar a adoptar medidas que, impulsadas por las diferentes Administraciones, ayuden a paliar en buena medida muchos de los problemas que a día de hoy tenemos, motivados en muchas ocasiones por interese económicos.

Como bien sabemos, la reciente modificación de esta Ley intentó limitar las funciones de los Agentes Forestales, impidiéndoles la investigación de delitos medioambientales. ¿Cómo vamos a disminuir los incendios, edificaciones ilegales, delitos contra la fauna y la flora...si se impide investigar a los 6.500 funcionarios mejor formados para esa tarea? Reclamamos una Ley de Montes moderna que apueste plenamente por su Policía Medioambiental, porque apostar por el que protege es apostar por lo protegido.

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