A última hora de la tarde surgía el bombazo: el PP anunciaba que rompía las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
La razón que esgrimió el comunicado del partido, era que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una conversación telefónica con Pedro Sánchez en el que actualizaron el estado de la negociación y, que aunque el jefe del Gobierno "era plenamente consciente", Feijóo le recordaba que el acuerdo dependía de "asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular".
Ese asunto ha sido la controvertida reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición, algo que el PP y medio país interpreta como un gesto o una cesión al independentismo catalán para ganarse su voto positivo a los Presupuestos de 2023.
El PP explica que el PSOE, "a través del interlocutor designado", que no nombra pero que sería el ministro Félix Bolaños, había negado que entre los planes del Gobierno estuviera esta modificación penal. Pero, añade, Sánchez le reconoció en esa conversación a Feijóo que sí estaba en "su agenda legislativa" esa reforma del Código Penal. Esa charla tuvo lugar mientras Sánchez estaba en Sudáfrica, en plena gira oficial por África.
"Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", ha usado como excusa el PP para romper las negociaciones.
"No aceptable"
El partido de Feijóo asegura que el "único propósito" del PSOE con esta modificación es "un compromiso unilateral con el independentismo", algo que considera "no aceptable".
Argumenta que aunque tienen "vocación de acuerdo", no pueden seguir avanzando "mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo". O lo que es lo mismo, que no siga adelante con ese plan de reforma penal.
De hecho, el PP exige que pacten cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como a "la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones".
El PP, en su comunicado, no dice que haya roto las negociaciones como tal, sino que "quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida". También afirma que tanto Feijóo como todo el partido "sigue a disposición del presidente del Gobierno".
Pero algo no encaja. Por la mañana, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, en declaraciones a los medios, dio a entender que pese a que criticaban el asunto del delito de sedición, no romperían las negociaciones porque hacía falta renovar el órgano de dirección de los jueces.
Lo mismo dijo Cuca Gamara, secretaria general del partido: en declaraciones a 'Espejo Público' de 'Antena 3', quien separó ambas cuestiones, dejando claro que no se rompería el pacto por el desacuerdo en todo lo relativo a una reforma del delito de sedicion.
Qué hay detrás
En las últimas horas se ha acusado al PP de "sucumbir" a las presiones tanto internas como del entorno del partido: jueces, militantes, sectores de la sociedad... El acuerdo para renovar el CGPJ parecía ya casi cerrado pero otros creen que ha aprovechado la excusa del delito de sedición para romper las negociaciones.
Hay quien, sin embargo, apunta al PSOE: no sería casualidad que se diera tanta importancia a un compromiso para reformar el delito de sedición si no fuera para buscar una provocación que el PP no pudiera tolerar para romper las negociaciones.
Pero... ¿a quién beneficia más esta ruptura? El PP considera que las próximas elecciones están ganadas, por lo que recuperará la mayoría parlamentaria para hacer un CGPJ a su gusto, pero rompiendo negociaciones se asegura que en ese tiempo de espera a recuperar el poder Ejecutivo no pierda el control del Poder Judicial, donde hay mayoría de jueces conservadores.
Por su parte, el PSOE no gana nada en lo relativo al CGPJ de forma directa, pero sí proyecta la imagen en Bruselas de que el PP no quiere renovar un órgano constitucional que debía actualizarse, y que tiene el mandato caducado desde hace años, originando una fuerte crisis institucional y de Estado. De hecho, la Comisión Europea, a través de su comisario de Justicia, Didier Reynders, que visitó recientemente nuestro país, ya avisó de que debía renovarse cuanto antes.
Además, en lo relativo al delito de sedición, podría decirse, el PSOE también tomar esta ventaja dialéctica: y es que en la Europa occidental no hay equivalentes a las penas que se imponen en nuestro país por el llamado delito de sedición. Equipararse a las legislaciones de las principales naciones vecinas sería algo que aprobarían los socios europeos. Hay que recordar que Carles Puigdemont y el resto de independentistas fugados de la Justicia española no han sido apresados en países como Bélgica, Francia o Alemania precisamente porque no reconocen en sus legislaciones el delito de sedicion.
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