La reforma de la 'ley de solo sí es sí' sigue generando grandes quebraderos de cabeza en la relación entre PSOE y Unidas Podemos.
Pese a que desde Igualdad Irene Montero se había abierto a modificar parte de la ley para reforzar la postura del PSOE, los socialistas decidieron finalmente presentar su reforma en solitario, sin acordar nada con su socio de coalición. La propuesta eleva las penas mínimas y vuelve a poner el foco en la intimidación y la violencia para gravar los casos más graves. Un apunte que para los morados desplaza de lleno el consentimiento como eje central de la ley.
En todo caso, Montero ha admitido en una entrevista este miércoles en TVE, tras días de tensiones, que está "dispuesta" a cambiar la ley a petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo a lo que no puede negarse como miembro del Ejecutivo de coalición.
A cambio, exige una "respuesta unitaria" como Gobierno y que se respete su única "línea roja", que es que no se vuelva al modelo que ha llamado "Código Penal de La Manada", a que la víctima de una violación tenga que demostrar que hubo violencia. Es decir, que el consentimiento se respete como eje principal de la ley.
La ministra explicó que si los socialistas piden subir las penas para evitar más rebajas está "dispuesta" a ceder en este aspecto y funcionar en unidad, pero sin tocar el resto de asuntos que conciernen al concepto de consentimiento de la víctima.
Montero ha insistido en que volver a esa legislación "es un calvario" para las víctimas y ha respondido a las polémicas palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la 'facilidad' de probar que hubo violencia. En esta entrevista, la ministra de Igualdad ha remarcado que "no es fácil probar la violencia en un juzgado".
"Es una discrepancia política fuerte"
Montero se ha mostrado tajante y ha subrayado que "en muchas ocasiones" se producen agresiones sexuales en las que "no media violencia" y ha puesto de ejemplo cuando la víctima se queda "paralizada" ante el "terror" de que una persona le toque sin su consentimiento.
Ha criticado que en este tipo de casos no pueden quedar penalizados con un tipo atenuado simplemente por "no haberse resistido" o por no poder probar en un juzgado su resistencia.
Además ha manifestado que para ella toda esta cuestión no es un debate técnico dentro del Gobierno, sino una "discrepancia política fuerte".
Ha vuelto a defender la ley y ha recordado que la mayoría de jueces la están aplicando de forma correcta y no aceptan rebajar las penas, como en el caso de uno de los agresores de 'La Manada'.
Ha puntualizado de nuevo que su apertura a cambiar algunos aspectos de la ley era por dar una respuesta "unitaria" de Gobierno y por ser "consciente" de la preocupación de muchas mujeres al respecto.
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