Una gran mayoría de los informadores acreditados en el Congreso ha decidido no participar en las ruedas de prensa de este martes después de un incidente provocado por el agitador ultra Bertrand Ndongo, que ha decidido boicotear una rueda de prensa al llamar la atención, en varias ocasiones y sin tener la palabra, a la portavoz de Sumar Verónica Martínez Barbero.
El incidente ha ocurrido durante la rueda de prensa de la portavoz de Sumar cuando el agitador trató de preguntar sobre una decisión judicial, pero sin estar en posesión del turno de palabra. A continuación, con el micrófono apagado, se puso a protestar porque no se le dejara seguir hablando.
Esto dio paso a que solo en la rueda de Vox se hiciese alguna pregunta, en concreto por el propio Ndongo y otros dos periodistas. Sin embargo, la mayoría de los informadores acreditados en el Congreso ya no estaban presentes en las comparecencias de Podemos y los Comunes, cuyos portavoces decidieron no permitir preguntar ni a Ndongo ni a los otros dos informadores que se encontraban en la sala.
El comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios
La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha decidido sacar un comunicado de rechazo, "contundente" por el "comportamiento" de algunas personas acreditadas en el Congreso, que siguen "alterando o impidiendo el funcionamiento normal de las ruedas de prensa de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y que distorsionan el derecho a recabar y trasmitir información veraz".
Una mayoría de periodistas parlamentarios presentes en la Cámara Baja se ha negado a asistir a las ruedas de prensa convocadas este martes, como forma de dejar claro su disgusto y consternación ante esta actitud que viene pasando desde los últimos meses. Ese comportamiento hace muy difícil el trabajo de los y las profesionales de la información al tiempo que enrarece el clima de respeto que debe presidir la necesaria relación con los políticos. Esa actitud afecta directa y negativamente en el derecho constitucional a la información con el que cuenta la ciudadanía. Frente a estas actitudes, la APP ha manifestado:
"Su firme propósito de seguir desarrollando el trabajo informativo con respeto a la deontología profesional, con independencia de la ideología personal y la línea editorial de cada medio.
Su rotundo rechazo a quienes amenazan, insultan y señalan en las redes sociales a los y las periodistas que reclaman que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento.
Reiteramos la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado tramiten con la máxima urgencia la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara Baja, que han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios. En ella se establecen las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía. La APP recuerda que su continua interlocución con todos los grupos parlamentarios se ha traducido en la citada propuesta para establecer normas de convivencia y garantizar el trabajo de las y los profesionales de la información acreditados en el Congreso. El texto recoge, por primera vez, unas reglas para desarrollar nuestro trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto. La proposición de reforma del Reglamento de la Cámara incluye, además, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, del que formaremos parte tanto la APP como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)".
La FAPE también se adhiere
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respalda el comunicado emitido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) donde “rechaza, una vez más, de manera contundente el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan alterando o impidiendo el funcionamiento normal de las ruedas de prensa de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y que distorsionan el derecho a recabar y trasmitir información veraz”.
Desde la FAPE volvemos a condenar este tipo de actitudes, como ya hemos hecho reiteradamente, y esperamos que se tomen medidas, como está previsto, cuanto antes. No es admisible que activistas políticos utilicen una acreditación de prensa para torpedear el trabajo de los periodistas que cumplen con el derecho de la información que se les exige por los ciudadanos. La Federación también destaca la ausencia del PP en la condena y lamenta que no se sumen todos los grupos parlamentarios a la misma".