La consellera de Acción Exterior catalana, Meritxell Serret, ha reclamado que la detención y puesta en libertad posterior de Clara Ponsatí no tendría que haberse producido dado que el referéndum del 1-O "no fue delito" y defendió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se resuelva por la vía política.
Además, insistió en la "negociación" para resolver el conflicto catalán, tras admitir que facilitó el referéndum independentista de 2017 porque obedecía al "mandato democrático" del Parlament.
En cuanto a las acusaciones que se le hacen a la propia Serret, quien fue consellera de Agricultura durante el gobierno de Carles Puigdemont cuando se organizó el 1-O, se ha negado a responder a las preguntas sobre el juicio que se celebra contra ella en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir el referéndum unilateral, por lo que la Fiscalía le pide un año de inhabilitación.
Así que la acusada ha ceñido su declaración a un alegato político para insistir en que el conflicto catalán "sólo se puede resolver a través de la política, la negociación, el respeto a las partes y la democracia", una día después de recibir las críticas de la ex consellera Clara Ponsatí por su decisión de regresar a España y entregarse al Supremo.
Precisamente, Ponsatí regresó este martes por unas horas a España, fue detenida y puesta en libertad y citada a declarar ante el Supremo el próximo 24 de abril por desobediencia, aunque ha asegurado que no acudirá.
Serret, que estuvo 3 años huida en Bruselas tras la Declaración Unilateral de Independencia, volvió a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los ex consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar que ella en el 1-O, fueran condenados sólo por desobediencia (sin penas de cárcel) y no por malversación. Una estrategia en la que también se ha reafirmado.
Además, según ha esgrimido la consellera republicana ante el tribunal, las decisiones que tomó como miembro del Govern de Carles Puigdemont respondieron "siempre" a su deber de "ser leal, dar respuesta y obedecer los mandatos de las mayorías parlamentarias y democráticas" tras las elecciones que dieron la victoria a la coalición de JxSí.
Defiende la negociación política ante las críticas de Junts
"Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito, votar no es un crimen", ha recalcado la consellera, que ha proclamado su derecho a "defender y ganar políticamente" su proyecto político "independentista y republicano".
También ha realizado una velada réplica a las críticas de Ponsatí y Junts por cuestionar las reformas penales impulsadas por el Gobierno con el apoyo de ERC para suprimir el delito de sedición, Serret ha sostenido que en Cataluña existe un "conflicto político que sólo se puede resolver a través de la política".
Igual que ha denunciado que por parte de algunos sectores "ideológicos" se haya pretendido "judicializar" y "criminalizar" un proyecto político "legítimo" como es el independentismo así como "anular la vía política, negando al debate a las instituciones democráticas y parlamentarias".
Para la consellera de ERC, "lo que vivimos es un conflicto político de raíces de democráticas" que vivió una "escalada" tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, una resolución que a su entender "despreció la legitimidad del legislador español y catalán" y "cerró la vía política y democrática".
De forma que Serret se ha mostrado convencida de que el derecho a la autodeterminación de Cataluña "es un derecho vigente" que se basa en una "reivindicación sostenida por una parte importante de la sociedad catalana para poder decidir su futuro político. Y el referéndum del 1-O es expresión de ese principio de soberanía democrática", ha agregado.
Tras las elecciones que dieron luz al gobierno de Puigdemont, ha afirmado, el ejecutivo catalán tuvo que "hacer un juicio ponderativo" entre el mandato del Parlament y los requerimientos del TC para que paralizara el referéndum.
"Mi propia acción como miembro del Govern fue intentar siempre ser coherente con el deber de ser leales al Parlament y dar repuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático", ha reiterado, tras insistir en que convocar un referéndum "no es una vulneración de derechos de nadie".
Por último, la acusada se ha remitido a las "voces" de organismos internacionales que han defendido que "el derecho a la libertad de expresión y opinión incluye también el derecho de los pueblos a decidir libremente" su futuro.
La Abogacía del Estado defiende su derecho a formar parte de la causa
Su alegato únicamente ha respondido la pregunta de su abogado, Iñigo Iruin, quien en el trámite de cuestiones previas ha pedido al tribunal expulsar a la Abogacía del Estado de la causa, al entender que carece de legitimación para ejercer la acusación particular puesto que no es perjudicada en una causa por desobediencia.
No obstante, la Abogacía del Estado ha defendido su derecho a formar parte de la causa contra Serret porque "el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública", argumento que han apoyado tanto la Fiscalía como Vox, que ejerce a acusación popular en el caso.
Por tanto, el tribunal ha anunciado que resolverá en sentencia la cuestión sobre la legitimidad de la Abogacía del Estado, decisión que ha criticado Iruin, al considerar que de esa forma la sala está "aceptando implícitamente" su presencia en el proceso.
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