El Tribunal Supremo ha decidido anular en su totalidad el real decreto por el que se daban a Euskadi funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos conseguidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.
En julio de 2024 el Supremo ya decretó la suspensión cautelar del traspaso a Euskadi de las funciones para la homologación de títulos extranjeros a la espera de que se resolvieran los recursos en su contra, y ahora ha tomado la decisión de anularlo en dos sentencias la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.
En ellas asegura que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado".
De la misma manera, indica ahora el Supremo, también tiene que ser el Estado el que verifique la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, "ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido".
El Gobierno Vasco afirmaba, por su parte, que estaban ante una competencia contemplada en el Estatuto de Gernika y legalmente asumida por las instituciones vascas. El Ejecutivo de Imanol Pradales buscaba además esta competencia para agilizar los trámites de cara principalmente a paliar el problema de falta de médicos en la Atención Primaria.
En las dos sentencias, el TS estima los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España en contra del real decreto. Existen también otros 5 recursos que están pendientes de sentencia interpuestos por otras tantas organizaciones profesionales.
"Es una competencia estatal"
En ellas el Supremo se cuestiona si el real decreto del traspaso es una ampliación de funciones y servicios en materia de enseñanza o, en cambio, una transferencia extraestatutaria que va en contra de la Constitución.
Para decidirlo acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre las profesiones de abogado y procurador ya establecía que las competencias de expedición de títulos son del Estado, no sólo en la referente a su regulación, sino además en aspectos ejecutivos como la comprobación del nivel de la formación demandado para obtenerlos.
El Supremo piensa que si para estas profesiones la competencia es estatal no existen razones para entender que sea diferente en el caso de la homologación de títulos universitarios extranjeros. De esta forma, añade, "la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado" y "no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas".
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