El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, anunció este lunes la interposición de una nueva querella criminal contra 5 personas vinculadas al caso del rescate de Air Europa.
La acción judicial se fundamenta en las pruebas aportadas por la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta intervención de cargos públicos en esta operación.
La formación política dirigió su acción judicial contra Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno-, Víctor de Aldama, Koldo García, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo.
Los delitos alegados incluyen tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
Fúster afirmó que "estos mensajes demuestran que estas personas, incluida la mujer del presidente del Gobierno, impulsaron la decisión gubernamental -del rescate de Air Europa- haciendo uso y abuso de su posición predominante".
Fundamentos jurídicos de la denuncia
Los servicios jurídicos de Vox, bajo la dirección de Jorge Buxadé y Marta Castro, consideran probado que Air Europa obtuvo una "situación ventajosa respecto a otras empresas" que podrían haber accedido a los fondos del SEPI. Según la formación, los informes de la UCO sugieren que varios miembros de este grupo habrían obtenido beneficios personales, aspecto que la querella pretende esclarecer.
Fúster mostró su sorpresa porque "en todo esto sólo esté Vox", aunque añadió que esta circunstancia "me refuerza en la idea de que sólo queda VOX". La denuncia busca determinar los posibles beneficios obtenidos por los implicados a cambio de su intervención en el proceso.
Resultados electorales en Ecuador
En otro orden de cosas, el portavoz de Vox valoró positivamente los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador, donde Daniel Noboa obtuvo una victoria que calificó como "limpia y sin contestación posible". Fúster destacó el "amplísimo margen" conseguido por Noboa frente a la candidata de izquierdas.
Vox explica que participó activamente en el proceso electoral ecuatoriano a través de una misión de observación internacional organizada por la Fundación Disenso. Esta delegación, integrada por representantes políticos y expertos de siete países iberoamericanos -Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela y España- contó con el apoyo del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría y mantuvo contacto permanente con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
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