La denuncia presentada en Alicante por la Fiscalía se refiere, según el criterio del magistrado de instrucción 9, a "
una parte" del entramado investigado por el juzgado de Valencia, que instruye la causa abierta contra Terra Mítica y una veintena de empresas más relacionadas con la construcción del parque temático de Benidorm por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 1,4 millones de euros.
Según el TSJCV, esta decisión ha sido adoptada por el magistrado de Alicante tras estudiar la documentación que le remitió el pasado 31 de enero el juzgado de instrucción 3 de Valencia, y que consistía en las denuncias que dieron origen a las diligencias previas 4.990 del año 2005.
El magistrado de instrucción 9 de Alicante ha estimado necesario el envío de la causa para que se acumule a la que se instruye en Valencia porque en ésta se investiga "la posible existencia de un mecanismo falsario y defraudatorio a través del cual se habrían deducido unas cuotas de IVA correspondientes a los años 2000 y 2001 emitiendo facturas de obras y servicios de distintas empresas que no se corresponderían con auténticas ejecuciones y que habrían generado un derecho a devolución tributaria en beneficio de la sociedad explotadora del parque temático Terra Mítica".
En el auto de inhibición dictado este lunes, y que puede ser recurrido en tres días, el magistrado de instrucción 9 señala que, aunque las diligencias que se instruyen en el juzgado de Valencia tienen un ámbito subjetivo de imputación más amplio, y se refieren, no sólo a estos hechos sino a otros relacionados con el impuesto de sociedades, "concurren los supuestos legales de acumulación, ya que la denuncia presentada por la Fiscalía en Alicante responde a la misma mecánica operativa, mismo periodo de devengo (año 2001) y hay una parcial identidad subjetiva de imputados que justifica el pronunciamiento de inhibición", según indicaron las mismas fuentes.
En este sentido, el conseller de Economía, Gerardo Camps, aseguró este martes que SPTCV ejercerá las acciones "pertinentes" en el caso de que se compruebe que esta entidad ha podido sufrir algún perjuicio económico, al igual que realizó en su día Terra Mítica al personarse como perjudicada en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia contra el recinto de ocio de Benidorm y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública.
"En la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, como en el caso de Terra Mítica, de producirse con el paso del tiempo una situación en la que se pudiera llegar a la conclusión de que se han producido unos hechos irregulares que puedan ser calificados como delito y que perjudicaran a la Sociedad, es decir, que hubiera podido haber un perjuicio económico, ésta sería perjudicada, y evidentemente como perjudicada ejercería las acciones que le correspondieran en el ámbito del procedimiento", manifestó el conseller.
Camps reiteró que la posición del Consell en relación con Terra Mítica "es la que corresponde" dentro de sus órganos de representación y administración", que fue la de considerar que el parque, de ser ciertos los hechos denunciados por la Fiscalía, y que en este caso investiga el juzgado número 3 de Valencia, era parte "perjudicada", "que no participaba de ninguna trama conspiratoria para que se hubiera producido ningún hecho delictivo" y, por tanto, ésta era la posición que debía ocupar en el procedimiento.
En relación con SPTCV, que investiga el juzgado de instrucción número 9 de Alicante a raíz de una denuncia presentada igualmente por Fiscalía, Gerardo Camps manifestó que es "el mismo supuesto". "La Fiscalía, en base a un informe de la Agencia Tributaria, ha realizado una denuncia sobre un periodo determinado de tiempo, de los ejercicios 2000-2001, hasta este momento todo basado en una inspección tributaria en relación con la liquidación del impuesto del valor añadido que posteriormente también se amplió al impuesto de sociedades", indicó.
Según Camps, en este caso la Sociedad "solamente" conoce que se han incoado diligencias porque el juzgado se lo ha trasladado "formalmente", --aunque indicó que no se han desarrollado más-- y subrayó que "de toda la documentación obrante en la Sociedad, desde las propias auditorías realizadas de control de la obra, pasando por las cuentas anuales de la misma depositadas en el Registro, que a su vez también eran debidamente auditadas, no parece desprenderse ninguna consideración de este tipo".
El conseller hizo hincapié en que no se ha adoptado ninguna decisión "de carácter jurisdiccional" en este caso por lo que "estamos en la misma situación con el traslado de una denuncia que presentó la Fiscalía referente a unas posibles obras irregulares realizadas por parte de unas empresas".
"Connivencia"
Preguntado, en el caso de Terra Mítica, por la decisión que adoptará la Generalitat si en la causa se determinara que el parque, con directivos y técnicos de designación pública, resultó perjudicado económicamente, Camps afirmó que está "absolutamente claro" que emprenderán acciones judiciales contra los causantes del perjuicio.
"Si esos hechos al final son constitutivos de delito porque hubo una connivencia entre algún empleado de Terra Mítica que pudiera tener capacidad para hacerlo y algún tercero que se valiera de esa relación para realizar un ilícito penal con aprovechamiento económico para esas partes, Terra Mítica, que es la perjudicada, tiene que accionar contra quienes han sido los causantes de un posible perjuicio para la sociedad", dijo, porque, según añadió, "desde luego no se puede hacer a Terra Mítica responsable de una persona que la perjudica".
En todo caso, manifestó que todos los documentos de que se dispone en Terra Mítica "no apuntan a que se haya producido una situación de este tipo" y subrayó que, de haberse producido, "no era una situación ni conocida, ni asumida, ni consentida por la Comisión Ejecutiva o el Consejo de Administración ni por la Junta General de Accionistas de Terra Mítica", algo que, insistió, también está "absolutamente claro".
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