La decisión busca alcanzar un consenso en torno al precio, ya que entre lo que ofrece el Estado y lo que quiere cobrar la compañía existe una diferencia de u$s1.000 millones.
Las negociaciones comenzaron con una asamblea de accionistas de la empresa, en la cual el Grupo Marsans hizo valer su mayoría accionaria, el 95% del paquete, y aprobó el cuestionado balance del 2007, con la oposición de los representantes del Estado.
El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, había advertido este lunes que el Estado no daría su aprobación a los balances de 2007 y de parte de 2008 de las empresas AA y Austral, si éstos "no están debidamente auditados".
Luego de la Asamblea, y para que continúen las negociaciones, los representantes de Marsans decidieron prorrogar hasta el 12 de noviembre la Vigencia del Acta Acuerdo para la venta de AA, que vencía este martes, y que había firmado oportunamente con el Gobierno.
Por eso, durante la tarde, los socios de Marsans se reunieron con los representantes del Estado en el Ministerio de Planificación para firmar la prórroga y continuar las discusiones. Por el lado de la empresa española participaron Jorge Molina, Vicente Muñoz y Eduardo Aranda (Marsans), mientras que del lado del Estado estuvieron Vilma Castillo y Julio Alak, entre otros.
Las diferencias entre el grupo Marsans y el Estado son muy amplias, ya que la valuación que realizó el Gobierno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, dice que la empresa tiene un valor negativo de 600 millones de dólares, según dejaron trascender fuentes oficiales a la prensa.
En cambio, los españoles consideran que el paquete de acciones cuesta entre 250 y 400 millones de dólares, según un trabajo que realizó el banco Credit Suisse, dijeron fuentes de la compañía.
Según el acta acuerdo firmada entre el Gobierno y el grupo Marsans, en caso de que no haya coincidencia en los montos, un tercero elegido por ambos debe realizar otra valuación.
Sin embargo, el Congreso aprobó el mes pasado una ley por la cual la valuación final deberá ser aceptada o rechazada por ese cuerpo.
Otro punto que está trabando la decisión es que la consultora Price Waterhouse se ha negado a revelar el contenido de los balances y papeles de trabajo de la empresa a la Auditoría General de la Nación (AGN) tal como se requiere la ley 26.412
En tanto, Rodolfo Casalli, uno de los representantes del Estado en el comité ejecutivo que actualmente maneja Aerolíneas Argentinas, informó este martes a la prensa que "hicimos reserva de objetar en la justicia el balance que se aprobó", y que estima pérdidas por 25 millones de dólares.
"Los gremios están en alerta. Aquí sólo se abre un paréntesis. La negociación se va a tornar una discusión política", advirtió Casalli.
Desde que en julio el Gobierno y Marsans acordaron nombrar un comité de transición para gestionar la aerolínea, el Estado ha desembolsado cerca de 310 millones de pesos (100 millones de dólares) para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que tiene 9.300 empleados y casi la mitad de su flota inactiva por falta de mantenimiento.
Si (
No(
