Maeso realizó estas declaraciones en el último día de la vista, que concluyó este lunes, tras un año y medio de juicio, en el que han declarado más de 600 personas entre afectados, responsables sanitarios, funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y peritos, además de 111 procuradores y 157 abogados. El sumario tiene 32 tomos, 276 piezas separadas y 35 de responsables civiles y 35.000 folios.
El facultativo, que aseguró estar "tranquilo" y sentirse "bien", lamentó que desde hace un año y medio ha "tenido que escuchar" diferentes "insultos, vejaciones e intimidaciones" y, ante esta situación, reiteró este lunes su "inocencia" y aseveró que "ni ha sido, es o será drogadicto", así como que tampoco se pinchó su cuerpo y posteriormente inyectó a los enfermos, destacó.
Por ello, reclamó al tribunal que le juzga que le absuelva y que le devuelva el pasaporte para "seguir manteniendo mi estrecha relación con la medicina si fuera posible en otro país si es que éste me rechaza", indicó. Al respecto, señaló que es un "médico vocacional" y que desde que tenía 15 años se interesó por la medicina.
En esta línea, insistió en que durante su trayectoria profesional "tan sólo he mirado por el bien del enfermo". Es más, subrayó, "lo único que me ha preocupado en mi vida han sido los enfermos" y, por ellos, "he roto momentos en mi vida, ya que he acudido donde ha hecho falta".
Maeso, que se enfrenta a una pena solicitada por el ministerio fiscal de 2.212 años de prisión y a una indemnización de casi 30 millones de euros para todos los afectados, lamentó que lo que más le "duele" a parte de los "insultos" es la "opinión que puedan tener los afectados de mí". Así, puntualizó que si cogiese uno a uno cada afectado "seguro que les convencería". Para ello, dijo que le bastaría con media hora, pero, lamentó, "ni hay tiempo, ni mi abogado me ha dicho que me extienda", agregó.
"Resurrección de muertos"
Reiteró que los afectados son personas "que he tenido bajo mi cuidado durante un tiempo" y, ahora, indicó, "se levantan contra mí como una especie de resurrección de muertos con un cuchillo que me intentan clavar". Éste es, a su juicio, un "ejemplo de cómo se llegan a conclusiones equivocadas a través de falsas informaciones por parte de la prensa y de los poderes públicos".
Respecto a "algunos" medios de comunicación, lamentó las "infamias" que han destacado que "han servido para convencer a una gran mayoría de que yo era culpable". "Se han hecho eco incluso de relatos de falsos especialistas para llegar a la triste conclusión de que era culpable" y, ésta, "es la mayor mentira que hay en el mundo", dijo.
Así, el anestesista añadió que en el sumario hay "pruebas infinitas que no son así" aunque, señaló, "si se miran desde un punto de vista acusativo, cualquier pequeño indicio supone que 134 abogados machaquen una idea y, al final, parezca que es verdad". Si de este hecho, "se hace eco la prensa, entonces mucho más", matizó.
Además, criticó que "jamás nos han ayudado y teníamos derecho a un poco más de atención". Indicó que algunas compañías de seguros "en lugar de hacer una buena defensa con pruebas y respaldada, no ha sido así". Por ello, aseguró sentirse "totalmente indefendido", aunque agradeció a su abogado, Francisco Davó, "todo lo que ha hecho, siendo tan sólo una sola persona".
Consecuencia de servicios públicos
Por su parte, el abogado de la Generalitat, que también intervino este lunes en el juicio, indicó que no iba a discutir la "posible responsabilidad" de la Conselleria de Sanidad en relación a los afectados que fueron intervenidos por Maeso en el Hospital Universitari La Fe, aunque sí subrayó que es "evidente" que los posibles daños producidos en las clínicas privadas "no son consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos".
Al respecto, explicó que el lugar en el que se registraron la mayoría de los contagios no es un centro público, si no privado --en referencia a Casa de Salud, Virgen del Consuelo y la Clínica Quirón-- y, además, reiteró que "el que solicitaba la prestación de asistencia sanitaria sabía que pedía una asistencia privada, no pública". Asimismo, ensalzó que Maeso "no prestaba sus servicios bajo el poder de organización de la Conselleria".
"En ningún caso puede resultar imputable la responsabilidad a la Conselleria de Sanidad porque la asistencia sanitaria se daba en el ámbito privado y los que la solicitaban eran conscientes de que estaban en el ámbito privado, no público", reiteró.
Asimismo, el abogado de la Generalitat aseguró que "no hubo un problema de inspección de establecimientos sanitarios" y señaló que "no podían haber tomado medidas preventivas puesto que la hepatitis C no es una enfermedad que se contagia por el aire o por contacto".
Señaló que "en ningún caso se ha probado que los órganos de la Conselleria fueran conscientes de la posible adicción a estupefacientes de Maeso" ya que "tampoco existe una prueba médica, testifical o pericial, que pueda probar que exista un consumo de estupefacientes del doctor Maeso". "Simplemente hubo algún rumor" pero, dijo, "si no actuó la Conselleria es porque no estaba probado, si no que éste era muy concreto y muy localizado, no era público ni generalizado".
Además, el letrado indicó que "si se exige una culpa a la Administración pública primero se debe determinar que hay negligencia y que existe una relación de causalidad entre la negligencia y el daño causado. De lo que se trata es de que la causa sea suficiente para producir el daño", dijo.
Por su parte, las aseguradoras que intervinieron este lunes en el juicio --Adeslas, Sanitas, DKV y Mutua Valenciana de Levante-- pidieron también su absolución y la del anestesista ante la "falta de pruebas objetivas", al tiempo que insistieron en que "la responsable es la Generalitat".
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