Los afectados por la presunta estafa del PERI de Tetuán se manifiestan ante la subasta de los terrenos

Según explicó la presidenta de la Asociación de afectados, Susana Ochovo, su principal caballo de batalla es ahora denunciar la "connivencia" del Banco, puesto que en su opinión ha actuado desde el principio en "connivencia" con la promotora.

El caso se remonta a 12 años atrás, cuando cien familias cedieron todos sus solares, casas y locales "libres de carga" a una compañía mercantil, denominada Somersen, para que gestionara una junta de compensación que evitara que el Ayuntamiento de Madrid expropiara sus terrenos. Parte de los vecinos vieron cómo eran demolidas sus viviendas (casas de una y dos alturas) pero otros continúan habitando el lugar entre solares, sin que nunca se hayan construido los edificios que esperaban.  

El año pasado, al intentar cobrar una herencia, descubrieron que el suelo fue hipotecado sin su consentimiento y que apenas se había construido un edificio en el solar de 34.000 metros cuadrados.

Según explicó la presidenta de la Asociación de afectados, Somersen y el Banco Pastor pactaron a espaldas de las familias una hipoteca de 77 millones de euros garantizada sobre las viviendas. Para ello, la empresa transformó los derechos cedidos ante notario por las 100 familias para la construcción de sus viviendas en una presunta apropiación de titularidad de los derechos para poder usarlos "en beneficio de sus intereses empresariales ajenos a la edificación de las viviendas".

Los afectados quieren que se devuelva al Proyecto Urbanístico de Reforma Interior (PERI) el dinero presuntamente desviado por los gestores, con el fin de que se pueda terminar y reintegrar a las  familias las viviendas contratadas. En caso de no conseguirlo, reclaman que se les indemnicen con los valores de mercado sus derechos, para que puedan buscar por su cuenta otras viviendas.

Tras la demanda civil impuesta el año pasado, Promociones y Obras Tiziano (antigua Somersen) presentó una suspensión de pagos el 4 septiembre de 2006. Posteriormente, los afectados han presentado una querella contra Somersen, su administrador principal, Bernardo Martín Moreno, y el Banco Pastor por estafa, insolvencia punible ("puesto que la empresa presentó una suspensión de pagos fraudulenta") y delitos societarios.

Según Ochovo, Banco Pastor fue cómplice en el caso porque tenía conocimiento de que la empresa a la que prestó 77 millones, ya llevó a cabo "una operación absolutamente atípica y extraña en el mundo de la Banca" pues no se produce ningún control del destino de los fondos y éstos pueden ser destinados a cualquier actividad, además de que la empresa había dado muestras en 2003 de que no tenía solvencia adecuada.  

Ahora, el Banco Pastor ha iniciado los procedimientos hipotecarios por impago del préstamo, y se ha fijado la fecha para la subasta de tres de las parcelas del PERI. Por su parte, la portavoz de la Asociación apuntó que el Ayuntamiento de Madrid inició en junio pasado un expediente para declarar el incumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos inherentes al sistema de compensación en el ámbito del PERI, "con grave perjuicio para el interés público y para los intereses legítimos de terceros, cuya declaración final conllevará la sustitución del sistema por el de ejecución pública".

Por su parte, Banco Pastor subraya que es "dueño legítimo" del préstamo hipotecario concedido a la empresa Somersen como promotora del PERI tal y como han refrendado "tanto el juzgado de lo civil como de lo penal". En su opinión, la entidad concedió un préstamo hipotecario a Somersen "cuyo pago ha incumplido", por lo que está en todo su derecho a proceder a la primera subasta de los terrenos. "Banco Pastor reclamó la cantidad prestada de 77 millones de euros y ante el impago de la totalidad, la entidad está en un proceso de ejecución del préstamo", subrayaron a fuentes de la entidad.