Las familias de discapacitados intelectuales gastan 39.000 euros más al año

La investigación, realizada por el movimiento asociativo de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), quiere poner de manifiesto la "especial relevancia" de estos datos en la actual situación de crisis económica.

Así, para un grado de discapacidad 'ligero', las familias gastan 14.190 euros anuales (1.182 al mes); para un grado 'moderado', 15.865 euros al año (1.322 euros al mes); para un grado 'severo en residencia', 14.906 euros al año (1.242 mensuales); para uno 'severo en hogar', 39.357 al año (3.279 euros al mes).

El estudio pone de manifiesto que si bien en la Comunidad de Madrid el índice de sobreesfuerzo supera la media nacional, al igual que el coste de oportunidad mientras que en las medidas compensatorias son inferiores, "la existencia de una red de recursos y servicios a la persona con discapacidad intelectual completamente gratuita se traduce además de en una mayor provisión de ayudas en servicios a las personas con discapacidad intelectual en una reducción significativa del índice de sobreesfuerzo sobre los datos aportados en el informe".

En este sentido, el informe señala que la provisión de servicios a la persona con discapacidad en la región es "especialmente significativa" en el caso de los servicios residenciales, "de los que se beneficia la persona los 365 días del año y de forma completamente gratuita, por lo que la familia solo asume los gastos derivados de farmacologías, vestido y otros".

El trabajo presentado este martes, que tiene como objetivo evaluar el coste que esta discapacidad ocasiona en los hogares españoles, valora no solo los gastos materiales, sino también tiene en cuenta las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, los desplazamientos y las pérdidas de oportunidades laborales que conlleva cuidar de un familiar con estas características.

Por eso, el responsable del estudio, Ricard Valls, explicó que 'índice de sobreesfuerzo económico' "mide lo que las familias y el movimiento asociativo está aportando demás a la financiación administrativa", apara añadir que "si no fuera por la ayuda de las organizaciones, el coste sería absolutamente desorbitado para las familias".

Si para complementar el "esfuerzo financiador" de la administración, una familia con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de este familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, esta entidad calcula que debería abonarle de media 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes (625 euros), es decir, 1.800 euros.