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Con la Iglesia vasca

Con la Iglesia vasca

   Acontecimiento trascendental y lleno de valor de los obispos vascos. El acto religioso celebrado en la Iglesia de Vitoria-Gasteiz no solo constituye un hecho inexcusable de reparación, homenaje y justicia con los catorce sacerdotes y religiosos fusilados por los franquistas durante la guerra civil, sino que serena los sentimientos de aquellos que seguimos buscando a nuestros familiares desaparecidos y asesinados por los sublevados contra la República.

    Como yo, imagino que cientos de miles de españoles, se han sentido emocionados por la valentía y decisión de la Iglesia vasca. ¿Muy tarde? Poco importan los años que se ha tardado en pedir perdón y en recordar y recuperar lo ocurrido para la memoria colectiva de todos los vascos. Lo único cierto, frente a la ausencia de cualquier prueba de conmiseración y sentimiento cristiano del resto de la Conferencia Episcopal, es que los obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez, de Donostia-San Sebastián, Juan María Uriarte y el de Álava, Miguel Asurmendi, han reconciliado a muchos creyentes y a otros tantos que no lo somos, con una Iglesia capaz de mostrar y decir la verdad, al contrario de la jerarquía oficial que dice defender los valores de la solidaridad humana pero que practican lo contrario.

    “No es justificable, ni aceptable por mas tiempo, el silencio que en los medios oficiales de nuestra Iglesia ha envuelto la muerte de estos sacerdotes”. Estas palabras pronunciadas en la homilía  por el obispo Miguel Asurmendi  constituyen un alegato para todas las conciencias. Y, especialmente, se convierten en una apelación dirigida a nuestra democracia y a sus líderes, que se consideran muy legitimados, al tiempo que miran hacia otro lado mientras más de 150.000 españoles permanecen desaparecidos en fosas comunes. Muy pocos responsables políticos asumen la grave responsabilidad que tienen como ciudadanos españoles con miles de familias.

    Me rebelo contra todos aquellos que desde el Gobierno, la oposición, la mayoría del Poder Judicial, o desde cualquier ámbito, abandonan a su suerte a todos aquellos que queremos encontrar a nuestros familiares y enterrarlos con toda la dignidad y cariño que merecen. Me rebelo contra los medios de comunicación que vuelven a condenar a nuestras familias defendiendo, “de facto”, lo crímenes del franquismo a atacando con furia a los que no olvidamos lo ocurrido y exigimos justicia. Me rebelo contra magistrados como Adolfo Prego Oliver y contra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, en un acto de venganza contra un juez y reafirmando su mentalidad neofranquista, no han dudado en aceptar la querella por prevaricación de un grupo vinculado a los restos de Fuerza Nueva y con el apoyo de una parte del Partido Popular, llamado, irónicamente, “Manos Limpias”, para frenar nuestras demandas. ¿Es este el poder judicial al que podemos aspirar en nuestra democracia? ¿Aceptan una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el único juez que nos ha amparado a los ciudadanos que acudimos a la Audiencia Nacional para que se cumpliera el principio constitucional de la tutela judicial efectiva? ¿Quién nombra a estos magistrados que parecen salidos de otro siglo y de otro país? ¿Son magistrados comprometidos con la democracia y la Constitución? ¿Quién ampara nuestros derechos? ¿Tendremos que acudir al Tribunal de Estrasburgo para conseguir allí lo que nuestro país nos niega? Mi tío, Eugenio Curiel Curiel  y el sacerdote Bernardo Blanco, fueron asesinados cerca de León, tras ser encarcelados en la prisión de San Marcos, en octubre de 1936. Ya sabemos donde están sus cuerpos y el juez Garzón también. ¿A quién acude mi familia ahora? ¿Pueden algunos jueces condenar a Garzón por un conflicto de competencia cuando pretende atender la demanda de miles de españoles para superar tanto horror? ¿Qué harían estos jueces en Alemania con los familiares de los asesinados en el Holocausto? ¿También tendrían problemas con la cuestión de competencia, paralizarían las demandas y perseguirían a los jueces investigadores?

 Me rebelo, también, contra una mayoría de la Conferencia Episcopal que poniendo de relieve su cobardía es incapaz de pedir perdón, como han hecho ahora los obispos vascos, por el apoyo prestado durante casi cuarenta años a la represión de la dictadura. Ni siquiera son capaces de acompañar el dolor de las familias de tantos católicos fusilados por la furia de Franco.

    Solo la reciente aprobación por el Parlament de Catalunya, ¡otra vez Catalunya!, de la llamada “ley de fosas”, que compromete a las administraciones públicas a apoyar a las asociaciones y familias que buscan a sus miembros, nos ha dado alguna esperanza. Espero que, cuanto antes, una ley similar sea aprobada por las Cortes Generales. Porque, como ya escribí hace meses, frente a tanta hipocresía movilizada en los últimos tiempos, apoyaremos a Garzón hasta donde sea necesario, hasta el final y ese final no puede ser otro que abrir todas las malditas cunetas de España para poder enterrar a nuestros muertos. Y tal objetivo nadie lo podrá evitar. Podremos tardar tres, cuatro, seis o veinte años. Pero lo lograremos. Ni los viejos fantasmas del franquismo que perviven, ni los franquistas sobrevenidos, que, para sorpresa de algunos, han llamado a rebato, podrán neutralizar una marea incontenible, un relámpago de honestidad y de verdad que recorre nuestro país. La indignidad, cuando desenfunda, no tiene límites. Lo diré con claridad: no quedará ni una sola cuneta sin abrir y sin honrar. A tal objetivo dedicaremos lo mejor de nosotros.

La España democrática es incompatible con los desaparecidos y con el olvido. No podemos dejarle a las generaciones futuras una España con cadáveres en las cunetas. No podemos consolidar definitivamente la reconciliación nacional entre todos los españoles sobre el esfuerzo y el dolor de unos y el silencio o la negación de los otros. Los que ganaron tienen que ceder su parte como nosotros cedimos la nuestra. La reconciliación no puede ser solamente cosa de una parte. Las futuras generaciones nos pedirían cuentas si les dejamos la herencia de los olvidados y desaparecidos sin resolver. Y tendrían razón.
Si alguien cree que con el silencio, el disimulo y el paso del tiempo, o con la complicidad de algunos Tribunales poco Supremos la cuestión planteada se olvidará, está equivocado. Ni media broma con este asunto porque si es preciso volvemos a la calle que ya es hora como afirmó Gabriel Celaya. Son nuestros muertos, nuestros familiares asesinados.

* Enrique Curiel es profesor de la Universidad Complutense de Madrid
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