Según noticias que llegan de Caracas, el ejercicio del periodismo y la distribución de espacios de radio y TV se verán afectados muy pronto por la aprobación y modificación de varias leyes que estudian las autoridades.
Para los adeptos del presidente Hugo Chávez, estas medidas responden a las demandas de la sociedad y significarán “una democratización” de los medios de comunicación que hasta ahora estuvieron muy concentrados, según dicen.
Para los detractores, este “ahora o nunca” con la prensa no oficial es una arremetida que convertirá a Chávez en un “censor” a los ojos del mundo.
La realidad –lo sabemos todos los que vivimos en y de este oficio- es que el único actor que pone en evidencia muchas de las cosas que hace un Gobierno son los medios por lo que, precisamente, ese mismo Gobierno siente que tiene que regularlos.
De ser aprobadas las normas, supondría que la prensa y sus dirigentes, que hasta ahora sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas, reciban condenas penales si la justicia determina que incurrieron en un delito realizando su trabajo.
No hay que extrañarse. En Venezuela todo forma parte de la estrategia de un régimen militarista que ve las comunicaciones como un objetivo estratégico que necesita neutralizar.
Algo similar a lo que ocurre en el Ecuador de hoy, donde ya comienza a repetirse también por los pasillos de Carondelet, el mismo estribillo del Palacio de Miraflores: “los medios son los enemigos de la revolución. Por eso hay que acabarlos como sea”.
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