El ex director de Seguridad de Madrid se desvincula de la "chapuza" de los partes de 'espionaje'

Así lo manifestó el abogado de Gamón, Enrique Molina, a su salida de la comparecencia que transcurrió durante una hora y media "en un clima de absoluta cordialidad y con un tono no demasiado inquisitivo por parte de la magistrada". El ex director de Seguridad declaró por un delito de malversación de fondos públicos. Gamón se las apañó para no ser visto por la prensa ni ser captado por las cámaras de televisión.

Según Molina, Gamón aseguró ante la magistrada que "jamás recibió instrucciones por personas con responsabilidad política, como consejeros o la presidenta de la Comunidad, ni ordenó averiguar datos de la intimidad de las personas objeto de protección". De esta manera ha contradicho lo manifestado por tres ex guardias civiles, que declararon en julio pasado, y lo que ha sostenido también el propio titular de la Consejería de Interior, Francisco Granados. El miembro del equipo de Aguirre sostuvo que se habían realizado contravigilancias no sólo al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, sino a la propia presidenta, Esperanza Aguirre, al vicepresidente primero, Ignacio González, y a su propia persona, según recuerda El País.

"La autoría de los partes no parte de la Dirección General de Seguridad ni son personas de confianza quienes datan esos papeles. Por tanto, no hay responsabilidad del director de Seguridad que en su día era Sergio Gamón", arguyó el letrado, quien añadió que su representado manifestó que "los papeles no son propios de una persona instruída en una Academia de Policía, sino una auténtica chapuza".

Control de edificios y seguridad de autoridades

Durante su comparecencia, Gamón sostuvo que los agentes que trabajan en la Dirección General de Seguridad "no siguen a personas en hoteles o restaurantes, sino que se realizan funciones de protección de las cuales se ciñen a rajatabla".

El ex director de Seguridad insistió en que Prada le nombró en 2005 para dirigir el Área de Seguridad con la instrucción de actuar en materia de control de edificios y seguridad de autoridades para reforzar los servicios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los tres ex guardias civiles imputados declararon lo mismo el día que comparecieron a finales de julio.

En cuanto a la instrucción, la juez Valcarcel tiene pendiente resolver varias diligencias solicitadas por las partes. El abogada de Prada solicitó hace meses la declaración como imputados de cinco policías nacionales del Área de Seguridad y un informe caligráfico sobre las matrículas apuntadas en los partes de seguimiento realizados sobre su cliente.

Se trata de los policías nacionales que supuestamente participaron en las tareas de vigilancia que se realizaron los días 27 y 28 de mayo en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, sede del despacho del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y de Cobo, según el informe de Telefónica elaborado para la juez sobre los posicionamientos telefónicos.

Declaración de los agentes imputados

La citación de Gamón se acordó de oficio sin que las partes ni la Fiscalía de Madrid lo hubieran solicitado con motivo de las declaraciones prestadas por los tres ex guardias civiles. Estos agentes fueron fichados en 2007 por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, como asesores de seguridad.

Durante su comparecencia, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre, defendidos también por el abogado Enrique Molina, apuntaron a Gamón como el máximo responsable del operativo de vigilancia desplegado contra Prada.

Granados cesó a Gamón en junio de 2008 después de que desapareciera de las oficinas del Campus de la Justicia un ordenador de Juan Carlos Fernández, uno de los colaboradores de Prada. Tras su salida del departamento de Seguridad, Gamón volvió a formar parte del Gobierno regional con nuevas responsabilidades.

El pasado mayo, la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el pasado 29 de febrero. El vicealcalde de Madrid denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por Prada ante la Fiscalía de Madrid.