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Los proveeedores denuncian que no se paga a 30 días, tal y como obliga el decreto

No cambiamos: retrasos en los pagos de las obras del Plan E

No cambiamos: retrasos en los pagos de las obras del Plan E

martes 13 de octubre de 2009, 09:57h
Los constructores, los grandes beneficiados del Plan E con el cual el Gobierno ha conseguido atajar, aunque provisionalmente, la sangría de parados en el sector, denuncian que se les está pagando con retraso. Según representantes de este segmento empresarial, se está incumpliendo el decreto por el que se creó, a finales del año pasado, el Fondo Estatal de Inversión local, que obliga a pagar en treinta días las obras que se lleven a cabo acogiéndose a dicho plan.
 Tanto en el sector de la construcción como entre los trabajadores de los fabricantes de materiales, el Plan E ha conseguido una cosa: reactivar la lánguida actividad constructora y, con ello, frenar moderadamente  destrucción de empleos en el sector. Pero, a pesar del adelanto de dinero efectuado por el Gobierno central a las corporaciones locales (que asciende al 70% del importe de adjudicación de cada proyecto), los proveedores siguen padeciendo el retraso en los pagos que, en ocasiones, llega a los ocho meses.

   Se incumple, así, el decreto que señala la obligación de los ayuntamientos de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.

    Lo que está ocurriendo, según la Confederación española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) es que la mayoría de los ayuntamientos y corporaciones locales están cumpliendo el plazo de un mes para abonar al contratista, pero las empresas constructoras no respetan dicho plazo a la hora de abonar a los proveedores de materiales pese a estar obligados, también, por el decreto.

   En la actualidad, las constructoras adeudan a los contratistas en torno a los 30.000 millones de euros. La patronal Cepco, ha denunciado la situación ante la Intervención General del Estado. Mientras el organismo se pronuncia, los proveedores de material piden que el ICO les anticipe las cantidades que se les adeuda
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