El derecho a discrepar

Como excelentes periodistas que debieran ser, los señores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tienen la obligación de expresarse con rigor cuando hablan de países donde está en riesgo la libertad de prensa.

Estoy pensando en Colombia, donde la SIP dice que, “a diferencia de sus vecinos”, allá sí se respeta el derecho a discrepar. Justo en ese país vive y trabaja Enrique Santos, altísimo funcionario y accionista del poderoso diario El Tiempo y presidente de la SIP.

Hace semanas, en Caracas, Santos criticó a los regímenes de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua porque en estos países “se atenta contra la libertad de expresión”.

Según ese punto de vista, los únicos victimarios de la libertad de prensa son los gobiernos populistas de izquierda, que propugnan la desaparición de la crítica y la instauración del pensamiento único.

Pero si para la SIP esa es la realidad, algo está fallando en la urgencia de que América Latina tenga un liderazgo mediático equilibrado, justo y alejado de maniqueísmos ideológicos.

Porque, que yo sepa, el Presidente de la SIP no se ha pronunciado hasta ahora sobre el silenciamiento a Claudia López, precisamente de diario El Tiempo, y al respetado maestro Javier Darío Restrepo, de El Colombiano.

Claudia es una de las columnistas más leídas en su país por su valentía para enfrentar la corrupción y las mafias enquistadas en la cúpula. Colombia le debe la revelación de la tenebrosa y letal complicidad entre el poder político y los paramilitares.

En su último artículo, Claudia López denunció el “conflicto de intereses” de El Tiempo al cubrir un escándalo de corrupción gubernamental” porque “uno de sus accionistas (Juan Manuel Santos) quiere ser candidato presidencial y el Diario aspira a que el Estado le otorgue la concesión de un canal de televisión”.

Pero, al final de la columna, sin aviso previo a Claudia, el Diario anunció que “aceptaba la renuncia” de la autora porque el artículo, supuestamente, tenía “calumnias y descalificaciones sin base”.

El caso de Javier Darío Restrepo es similar. El periódico El Colombiano, el más importante de Medellín, cerró su columna con el pretexto de “una profunda reestructura de las páginas de opinión”.

Con 17 años como columnista, Restrepo era otro duro crítico del poder monopólico de Uribe.

En su último artículo expresó su preocupación por la concentración de poder que implicaría la segunda reelección del actual mandatario.

“Criticar al Gobierno no convierte al periodista en conspirador, terrorista o enemigo del Presidente”, escribió en la columna, paradójicamente titulada “Derecho a discrepar”.

Discrepar es la esencia de la democracia política. Pero la defensa de ese derecho no parece estar en la agenda de la SIP ni en la de los intolerantes populismos de izquierda y derecha.