El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que “La resolución dictada por el juez Edmundo Carbone, haciendo lugar a una presentación judicial de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”, dijo Alak.
En ese sentido, consideró que “resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y el 31 abandona definitivamente su cargo".
Y agregó: "Si bien la medida es totalmente provisoria, pretende descalificar la plena vigencia jurídica de la ley sancionada recientemente por amplia mayoría en el Congreso de la Nación”.
El ministro consideró “extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo”.
“Por lo tanto, queda claro –agregó- que esta medida no es una declaración de inconstitucionalidad. Es una medida absolutamente provisoria, un examen superficial de la cuestión y, además, no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”.
Para Alak, “la resolución judicial no ha vulnerado el derecho del Estado, el que continúa resguardado; será impugnada judicialmente por el organismo competente y, seguramente revocada, porque no se ajusta a derecho”.
El magistrado Edmundo Carbone hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, al dejar sin efecto el artículo 41, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa de la Autoridad de Aplicación (organismo regulador) y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
El juez consideró en su resolución, girada a la jefatura de Gabinete argentina, que ambos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita", según precisó el portal del diario Clarín.
Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
La Procuración General de Argentina (fiscalía de Estado) dictaminó la semana pasada que la Corte Suprema es competente para dirimir una demanda de la provincia de San Luis contra la ley de medios.
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, uno de los dirigentes que aspiran a la Presidencia del país en 2011, pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley por considerar que "atenta contra la libertad de información" y supone un "agravio a la jurisdicción provincial".
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
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