Según el documento de la conciliación,
Yolanda Pulecio de Vélez (madre de Betancourt) solicitó una reparación por 9600 millones de pesos (cerca de 5 millones de dólares) argumentando daño moral en su persona, en la de su otra hija,
Astrid Betancourt (hermana de
Ingrid), y en la de sus nietos
Lorenzo y
Melanie Delloye Betancourt (hijos de
Ingrid).
Así mismo, la propia
Ingrid solicitó una indemnización de 5400 millones de pesos (cerca de 3 millones de dólares) por los daños morales y físicos que sufrió, por los daños que sufrió su fallecido padre a causa de su retención y por los sueldos que dejó de percibir durante los seis años de su secuestro.
La parte solicitante ha señalado que de no lograr una conciliación podría continuarse el proceso con la instauración de una demanda ante un juez civil; además, ha expresado que como testigos del menoscabo en la vida de la víctima que produce el fenómeno del secuestro, pretende llamar a algunos de los ex –secuestrados como el estadounidense
Mark Gonsalves, el ex –senador
Jorge Eduardo Gechem, el soldado
Jhon Frank Pinchao, entre otros.
La decisión de
Betancourt ha molestado a la mayoría de los colombianos que se han dado a la tarea de expresar su rechazo a través de las redes sociales y de la conformación de innumerables grupos y foros. También numerosos miembros del Gobierno actual y gobiernos anteriores han manifestado su desconcierto y desaprobación frente a la acción interpuesta por
Ingrid.
Tal es el caso del ministro de Defensa,
Gabriel Silva, quien señaló que con este tipo de requerimientos lo único que se logra es bajar el ánimo dentro de las tropas militares, quienes se preparan a diario para realizar operaciones como la que le devolvió la libertad a la ex - secuestrada.
El ex –presidente
Ernesto Samper y el vicepresidente
Francisco Santos, coincidieron en señalar que la petición de indemnización por parte de
Betancourt es una
“ingratitud y una falta de reconocimiento” al esfuerzo que hizo el Gobierno para lograr su liberación.
Incluso el propio
Mark Gonsalves, a quien presuntamente
Betancourt llamaría para servir de testigo en caso de que el proceso llegue a los términos de una demanda, señaló que pese a que respeta la decisión de la ex –secuestrada en el sentido de que ella siente la necesidad de ser reparada, entiende que el Estado colombiano no fue el culpable de los duros momentos que tuvieron que vivir durante el tiempo de su retención y que únicamente las FARC deben responde por esos hechos.
De otro lado, el Gobierno central ha manifestado que no conciliará con
Betancourt ni con su familia, puesto que al conocerse del viaje que pretendía hacer la ex – candidata fueron varias las advertencias e intentos de persuasión que el Estado, las Fuerzas Militares e incluso los periodistas le hicieron, y aún así ésta decidió correr el riesgo por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad, como lo señala un documento firmado de su puño y letra que reposa en los archivos del ministerio de Defensa.
Actualmente el documento del requerimiento se encuentra en manos de la Procuraduría, que procederá a su estudio.
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