El cascabel al gato

Criminalizar el blanqueo de dinero, anunciado por la Procuraduría General del Estado en el Gafisud, conjuntamente con un plan de acción para acelerar el debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuyo informe fue presentado el jueves de la semana pasada para el primer debate en la Comisión Especializada Permanente de lo Económico y Tributario, de la Asamblea Nacional, son compromisos que el país debe cumplir.

Se trata de uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus efectos desestabilizadores en la economía y la administración de justicia. Algunas de las razones jurídicas contempladas para su discusión ya estaban vigentes en los acuerdos firmados y ratificados por Ecuador en 2002 ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo, suscrito mediante Decreto Ejecutivo número 172, publicado en el Registro Oficial en marzo de 2003.

Pero, además, y al margen del marco jurídico propuesto, ya existían iniciativas gubernamentales que permitieron desarticular redes  internacionales dedicadas a estas actividades, como ocurrió en febrero de 2009, gracias al trabajo conjunto de las policías de Colombia y Ecuador, que impidió la conversión y transferencia de más de 50 millones de dólares.

Para nadie es desconocido que los hechos de la cotidianidad que recoge la crónica roja, así como los esfuerzos de los organismos de seguridad interna y externa, han logrado concienciar a la ciudadanía sobre el peligro que existe  si  se mantiene la alta tasa del incremento de la delincuencia organizada. También se intuye que la adopción de medidas que permitan tipificar las infracciones e investigar el origen de las propiedades, la naturaleza del comercio interno o externo y las inexplicables fortunas construidas al amparo de actividades ilícitas, equivale a ponerle un cascabel al gato, pero son urgentes.

Con el trámite de la ley, que se cristalizará posiblemente en 45 días, se podrá iniciar los trámites de recuperación de los activos  de origen ecuatoriano que se encuentran ilícitamente en el exterior y que deben ser restituidos a sus legítimos dueños.