La CE aprueba el plan español de ayuda al carbón

La Comisión Europea aprobó el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas. Pero exigió como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.

"El régimen expirará a más tardar el 31 de diciembre de 2014; las autoridades españolas podrán ponerle fin antes si ya no resulta necesario a la luz de las condiciones del mercado. Las autoridades españolas se han comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014", anunció el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables, informa ep.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se apresuró a expresar, a través de un comunicado, su satisfacción ante la aprobación del Real Decreto español que autoriza la concesión de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono para su producción.

"En primer lugar confiamos en que esta medida sirva para dar tranquilidad al sector y que permita la vuelta a la normalidad de las cuencas mineras que en estos días han visto alterada la actividad productiva por las reivindicaciones de los trabajadores", dijo Herrera.

La Junta Castilla y León "ha defendido siempre el apoyo al Gobierno de la Nación para sacar adelante este Real Decreto y por tanto también corresponde en este momento felicitarnos todos por la resolución positiva, aunque es necesario conocer exactamente los términos de aplicación del acuerdo alcanzado por la Comisión Europea", explica el presidente de Castilla y León.

Herrera también dejó patente que "estas negociaciones han demostrado el importante rechazo que existe en determinados países europeos a las ayudas al carbón autóctono y lo que debemos hacer en este momento, y corresponde al Gobierno de la Nación liderar esa batalla, es conseguir un escenario estable para el sector más allá de 2014", a lo que añadió que "es imprescindible trabajar en el desarrollo de un reglamento que permita la estabilidad del sector con garantías de futuro de forma permanente".

28 días en la mina

Con la luz verde de la Comisión Europea al Real Decreto para el carbón, los 40 mineros encerrados desde el pasado 2 de septiembre en el pozo Las Cuevas de Velilla del Río Carrión (Palencia) abandonaron ayer su encierro. Además, los mineros encerrados en el Ministerio de Industria pusieron anoche fin a su huelga de hambre y hoy volverán a reunirse con el Ministerio para, una vez dado por Bruselas el visto bueno al decreto de ayudas al carbón, buscar una solución a los otros frentes abiertos, entre los que figura el pago de las nóminas atrasadas por parte de los grupos de empresas mineras Victorino Alonso y Viloria.

Los seis mineros sindicalistas pondrán así fin a los ocho días de huelga de hambre, aunque seguirán con el encierro que iniciaron hace dos semanas en el Ministerio de Industria.

En declaraciones a los medios frente a la sede de Industria, el secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC.OO., Juan Carlos Álvarez, afirmó que la reunión que se celebrará con el Ministerio tendrá como objetivo abordar y buscar una solución a "las cuestiones que quedan ahora mismo en cartera", como son el tema de los salarios de los trabajadores y las partidas presupuestarias del propio plan y la agenda para trabajar junto al Gobierno en la defensa del nuevo reglamento del carbón.

Álvarez, que no quiso valorar el texto definitivo aprobado al no haberlo estudiado en su integridad, subrayó que "mientras no se tengan soluciones, el encierro continuará".

Así, el representante de CC.OO. se mostró confiado en que los quince días que llevan encerrados en la sede del Ministerio de Industria "hayan servido para emplear ese tiempo para buscar soluciones". "Estamos en la idea de que mañana el Ministerio nos dará alguna solución y esperamos poder resolverlo en una mesa", afirmó.

Por su parte, el secretario de minería de FIA-UGT, Víctor Fernández, indicó que la jornada de huelga convocada para mañana por el sector del carbón se "mantiene".

"Mientras no tengamos la reunión y estén claros todos los temas, se sigue. Mañana el sector de la minería hará huelga y siguen adelante todas las acciones", añadió.

Respecto a la 'Marcha Negra', que ayer llegó a León, su punto final inicialmente previsto, los representantes de CC.OO. y UGT señalaron que "los sindicatos no van a participar en ninguna 'marcha' hasta Madrid, al considerar que la iniciativa "ya ha cumplido su objetivo".

Lo que queda por delante

Tras la aprobación, el Gobierno deberá esperar a recibir los preceptivos dictámenes del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) antes de poder aplicar el segundo Real Decreto del carbón nacional, que hoy ha recibido el visto bueno de la Comisión Europa y que obliga a las eléctricas a producir en sus centrales con este combustible, pese a su mayor carestía y menor eficiencia, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

El propio Consejo de Estado, al que el Gobierno remitió este segundo Real Decreto antes del verano, ya señaló en su dictamen del  pasado 2 de junio "que la solución más adecuada desde la protección del interés general y más coherente con el ordenamiento jurídico consiste en no aprobar la disposición en el momento actual, sino en esperar a la conclusión del proceso de notificación a la Unión Europea".

En su opinión, ello permitiría, además, concluir la tramitación de la norma proyectada de forma más reflexiva". El organismo constató entonces que "esta provisionalidad y falta de certeza del régimen vigente, en una cuestión además tan sensible y que afecta de forma tan intensa al mercado y a la competencia, no resultan compatibles con la exigencia de seguridad jurídica y de claridad normativa que garantiza el art. 9.3 de la Constitución, ni desde luego permite dotar al marco jurídico del mercado de la energía de la claridad y previsibilidad normativa necesaria para su adecuado funcionamiento".

Asimismo, el Consejo se mostró crítico en su informe con esta segunda propuesta, indicando que "la norma que ahora se propone ha sido tramitada con urgencia e incluso con cierta precipitación -como revela la omisión de algunos trámites preceptivos como es la consulta a la Comisión Nacional de la Competencia-".

De este modo, dejó claro en su dictamen que en el presente caso resultaba preceptivo el informe del organismo que preside Luis Berenguer, según establece el artículo 25.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Fuentes del sector eléctrico consultadas por Europa Press destacaron que la medida adoptada por el Gobierno y aprobada hoy por Bruselas, que se adopta en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables, viene a "distorsionar" el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación, contribuirá a incrementar las emisiones a la atmósfera y a disparar los costes del sistema.

Los ciclos combinados, "desplazados y desamparados".

En este sentido, las eléctricas consideran que la nueva propuesta deja "desamparadas" a las centrales de ciclo combinado de gas, construidas a instancias de la planificación energética del Gobierno "y que corren el riesgo de no poder ni siquiera cubrir sus costes, al poder ser desplazadas por mucho más viejas y contaminantes plantas de carbón".

Todas estas consideraciones fueron expuestas en su día tanto por las patronales sectoriales Sedigas y Unesa como por sendos y críticos dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al primero y segundo Real Decreto y la CNC sólo al primero.

"En cualquier caso, parece claro que la disparatada propuesta, cuya entrada en vigor se ha demorado ya un año, es sólo una muestra más del imposible encaje de bolillos que pretende hacer el Gobierno con el sector eléctrico español, que a ratos parece contar además con la complicidad irresponsable e incomprensible del principal partido de la oposición", informaron las mismas fuentes del sector eléctrico.

Por último, recuerdan que el Gobierno español tuvo que modificar el Real Decreto que aprobó en 2009 tras las consultas informales realizadas ante la Comisión Europea, que no vio con buenos ojos el pago del lucro cesante a las centrales que, habiendo sido casadas en el 'pool', se vieran desplazadas posteriormente por las plantas de carbón nacional.

La Comisión Europea ha aprobado hoy el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero ha exigido como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.