Una asamblea nacional castrada

Como ya lo hemos señalado en ocasiones anteriores, Venezuela es un país de caciques, de caudillos, de gendarmes uniformados arrebatados por el poder. Es un mal que corroe el continente, una constante histórica ineludible que los mandatarios, aun los electos por la sociedad civil,  esos que se visten de traje y de corbata, deben enfrentar con el miedo de un estudiante ante una asignatura pendiente, en la que casi siempre terminan aplazados. Nuestras constituciones se han encargado por su lado, de que instrumentos como las leyes habilitantes concentren en aquéllos el poder que antes se solía obtener por otras vías. Ya en la de 1945 se permitía al  Congreso Nacional “autorizar temporalmente al Presidente de la República para ejercer determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran”; en la de1961, con el artículo 190, el Presidente podía “dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial”. Fue precisamente ese argumento constitucional, tan repetido por nuestros gobernantes anteriores a Chávez, de que hay situaciones especiales que requieren ser atacadas urgentemente con un paquete de leyes económicas y sociales que el poder legislativo no puede sancionar a corto plazo y que solo el poder ejecutivo puede aprobar en un abrir y cerrar  de ojos, el que le dio poderes extraordinarios a Rómulo Betancourt,  Carlos  Andrés Pérez, o a Jaime Lusinchi.

No hay nada que en verdad justifique semejante concesión y concentración de atribuciones en una sola persona dentro de un sistema de gobierno democrático con división de poderes y un equilibrio, entre ellos, de pesos y contrapesos bien repartidos. Nada que permita romper ese equilibrio para quitarle la competencia más importante, precisamente su razón de ser, al poder legislativo, llámese Congreso o Asamblea Nacional. El problema reviste mayor gravedad si consideramos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 203, traspasa la denominada “reserva legal”, propia de los parlamentos, al definir a las leyes habilitantes como las sancionadas por las tres quintas partes de la Asamblea Nacional con el fin de establecer “las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de de ley”. Dicha “reserva legal” es  la que le impide al poder legislativo  transferirle al poder ejecutivo esa competencia para legislar  que le es  tan propia, exclusiva en teoría, en toda su magnitud y que en los textos constitucionales anteriores al de 1999 quedaba limitada a leyes de carácter económico-social. O dicho de otro modo, con la actual Constitución Bolivariana se le dio un cheque en blanco al Presidente para que la Asamblea Nacional le delegue toda la competencia legislativa que tiene sin limitación alguna de materias o de tiempo de vigencia.

Al igual que en con las leyes habilitantes de 1999, 2000 y 2007, cuando aprobó 165 instrumentos legales, Chávez también se vale ahora del viejo argumento sobre la incapacidad del congreso para legislar rápidamente un bloque de leyes que permita ejecutar soluciones a la situación de emergencia que vive el país con miles de personas damnificadas y afectadas por las lluvias. Pero el pasado cercano lo desmiente, amén de que con el actual cuerpo de leyes y la Constitución imperante puede tomar todas las medidas que quiera para construir viviendas y buscar soluciones a cualquier emergencia. Pero si de emergencias se trata  porque no decretar un “estado de excepción” o un “estado de alarma” de conformidad con los artículos 337 y 338 de la Constitución Bolivariana que fueron diseñados específicamente para eso. Quizás por que duran muy poco, como máximo sesenta días, o porque en el fondo le hacía falta una ley habilitante que le diera plenos poderes con los que echar el resto hasta el 2012. Así de paso, deja castrada a la recién electa Asamblea Nacional que no tendrá prácticamente nada sobre lo cual legislar y que dispondrá de mucho tiempo para hacer crucigramas, pronunciar largos discursos y sostener interminables debates de profundo corte democrático.

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