El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se encuentra investigando "un fraude" en la concesión de "subvenciones" por parte de la Unión Europea (UE) al empleo en la región andaluza.
Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha puesto de manifiesto que "la Fiscalía está investigando un fraude en las subvenciones", e incluso él mismo, como fiscal general del Estado, "ha ampliado el periodo de investigación".
Porteriormente, el fiscal general del Estado ha señalado que el supuesto "fraude" cometido en la concesión de "subvenciones" por parte de la Unión Europea (UE) afecta a empresas particulares de siete de las ocho provincias andaluzas, todas a excepción de la provincia de Huelva.
En declaraciones a los periodistas antes de clausurar en Sevilla una reunión de los fiscales superiores de las comunidades autónomas y de los fiscales jefe provinciales, Conde-Pumpido ha precisado que el "fraude" ha sido investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por la Guardia Civil.
En este sentido, y según las declaraciones recogidas por Canal Sur Radio, el fiscal superior de Andalucía ha puesto de manifiesto que el presunto fraude se producía cuando estas empresas particulares recibían subvenciones por la creación de puestos de trabajo pero estos puestos "no se mantenían" con posterioridad.
COLABORACIÓN DE LA JUNTA
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha aclarado que la investigación sobre el posible fraude en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía es "fruto" de una investigación de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo para la cual se ha solicitado colaboración a su Consejería debido a que el departamento colaboraba con el Ministerio de Trabajo "en la gestión y el control" de estas ayudas.
En declaraciones a los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva) donde ha visitado un taller de empleo, Recio ha indicado que su departamento ha colaborado con esa investigación en diversas ocasiones "como no podía ser de otra forma", a la par que ha explicado que se trata de bonificaciones que "no son de la Consejería sino del Ministerio de Trabajo" dirigidas a consolidar el empleo, ya que "se pasaban contratos temporales a contratos fijos" o bien para que "se contrate de forma fija como primera opción".
"Nosotros no tenemos conocimiento de lo que son los resultados de lo que es esa investigación y en el caso de que hubiera habido alguna mala utilización se trata de un trabajo conjunto que llevamos la Consejería con la Inspección de Trabajo del Ministerio", ha matizado el consejero, que ha dejado claro que cuando tengan esa información y "si hay alguna irregularidad, como siempre, se solicitará la devolución de aquel dinero que hubiera sido mal utilizado".
En esta misma línea, Recio ha señalado que los controles se establecían de forma "aleatoria", es decir, se elegía un número de empresas que se han visto beneficiadas por esas bonificaciones y en base a esa inspección, de carácter aleatorio, "si se ve algún tipo de infracción, se pasa a la petición de devolución de la cuantía que se hubiera sido utilizada".
EL PP-A PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO Y “URGENTE”
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que su partido tiene intención de solicitar en el Parlamento andaluz la convocatoria "urgente" de un Pleno extraordinario que incluya la comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ante lo que parece ser un "nuevo escándalo" en relación con las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo gestionadas por la Junta de Andalucía, lo que les conduce a entender que "todas las políticas de empleo de la Junta están viciadas y puestas en cuestión".
En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, Sanz se ha referido a que, a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Guardia Civil estaría investigando lo que supone "otro hito gravísimo de fraude masivo en las políticas de empleo de la Junta", apunta el político.
Según señala, la investigación se inició en Cádiz a raíz de otro caso de fraude en la formación por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT). La investigación se centraría ahora en que haya podido existir un "fraude masivo de empresas que habrían contratado a trabajadores utilizando ayudas de la UE y que eran despedidos nada más cobrar la subvención". Indica Sanz que, según la información de la que disponen, podrían haber intervenido intermediarios.
Sanz considera "de enorme gravedad" que se haya "permitido a empresas una serie de contratos express para captar una serie de subvenciones y despedir inmediatamente a los trabajadores". Opina que esto sería una comprobación de la "nefasta gestión del Gobierno andaluz y el alarmante y gravísimo descontrol en la Consejería de Empleo", que ha comparado con "la Cueva de Alí Babá" por los "escándalos continuados que suma".
El dirigente popular ha enfatizado la necesidad de que en el Pleno solicitado comparezca Griñán, ya que la "gravedad" de los hechos señalados "obliga a la Junta a dar una explicación inmediata".
Finalmente, considera que "existe una negligencia muy grave de los responsables de la Junta y de la Consejería de Empleo en la gestión de los recursos públicos" y ha apostillado que su partido "intuye" que pueda haber "responsabilidades penales", ya que se está hablando de la posible comisión de "gravísimos delitos que podían, una vez más, manchar la gestión de los responsables públicos de la Junta".
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