Egipto: Preparando la transición (1 de 2)

Las dificultades de los jóvenes de la Plaza At-Tahrir para hacerse oir sugieren que la “primavera” egipcia viene acompañada de algún que otro nubarrón. Pasado el primer impulso revolucionario de las manifestaciones iniciadas el 25 de enero que conmovieron al mundo, los jóvenes egipcios regresaron el viernes  a la plaza At-Tahrir y otros lugares del país para manifestar su impaciencia por la lentitud con que creen que el Alto Comité Militar que tutela la transición y el gobierno provisional presidido por Essam Sharaf tratan algunas cuestiones que ellos consideran muy importantes. El que ahora solo se manifiesten los viernes, el día de descanso en el mundo musulmán, tiene que ver con el nuevo decreto ley del gobierno que condiciona el ejercicio del derecho a la huelga a que no perjudique a la actividad productiva de las empresas. El gobierno, que dice haber respondido a una petición de los empresarios, invoca el daño causado a la economía por los días de manifestaciones de la Plaza At-Tahrir, que entiende que ya lograron su objetivo el 11 de febrero pasado cuando Hosni Mubarak se vio obligado a dejar el poder. La Bolsa egipcia, al reabrir después de 18 días de cierre, cayó un 9 por ciento. Los jóvenes se quejan sobre todo de la lentitud en juzgar al expresidente Mubarak, a los grandes tiburones de la economía que se beneficiaron del clima de corrupción creado por la familia Mubarak, y a los miembros del Partido Democrático Nacional, PND, del expresidente, que a diferencia del Rassemblement Constitutionnel Democratique, RCD, de Ben Alí no ha sido desmantelado y se prepara para concurrir a las próximas legislativas fijadas para el mes de septiembre. Los jóvenes, que ahora están encuadrados en varias organizaciones –Coalición de Jóvenes por la Revolución, Jóvenes por la Justicia y la Libertad, Campaña el Baradei, Jóvenes de los Hermanos Musulmanes, Frente Democrático de Jóvenes, y Asociación Nacional por el Cambio- piden que además de ser juzgados los Mubarak y su beneficiarios, repatrien el dinero y los bienes que puedan tener en el extranjero y que de negarse se les encarcele. Lo que está en juego es previsiblemente muy importante porque solamente la fortuna de los Mubarak ha sido valorada en 80.000 millones de Euros. A ellos habría que sumar los miles de millones que hayan podido acumular los 1000 o 2000 egipcios del círculo de corrupción que rodeaba al expresidente. La punta del Iceberg comienza a aflorar en estos días en las investigaciones de los jueces y en artículos de prensa y un grupo de grandes empresarios que recibieron tierras del estado a una décima parte de su valor real han ofrecido devolver al estado unos 4000 millones de euros a cambio de no ser juzgados. Llama la atención que Arabia Saudí haya pedido que Mubarak no sea juzgado y amenazado con retirar sus fondos de Egipto si no la escuchan y que Qatar se haya mostrado solidario para el pago de la deuda moral y pecuniaria que esos grandes empresarios quieren devolver al estado. Este proceso puede ser prolongado y laborioso, sobre todo fuera de Egipto donde es necesario primero identificar los fondos reclamados y luego demostrar ante la justicia su carácter ilicito. Incluso en Egipto será difícil porque el país ya conoció un amplio proceso de nacionalizaciones y expolios durante la época de Gamal Abdel Nasser, y otro igualmente complejo de restitución de propiedades a los propietarios supervivientes iniciado en la década de los años setenta por el Presidente Anaur Sadat en el marco de su “infitah”, apertura democrática, con la que intentó dar la vuelta al sistema nasserista instituyendo el pluripartidismo y otras libertades democráticas. Aunque la transición en Egipto parece llevarse a cabo a la egipcia,  es decir con muchos pactos extralegales y componendas, lo logrado por el Movimiento 25 de enero y la revolución de At-Tahrir, es realmente importante. Mubarak y su familia ya están fuera del poder y en residencia vigilada en el Mar Rojo; el pasado 23 de marzo el 77,2 por ciento de los votantes egipcios dijeron sí a unas reformas de la Constitución destinadas a facilitar las legislativas próximas y el proceso constituyente siguiente, incluida la elección de un nuevo presidente, para lo cual no hay aún calendario previsto, pero que una vez nombrado dispondrá de 60 días para nombrar un vicepresidente, como le exige la reforma de la constitución. Su mandato será sólo por cuatro años, y no podrá ser reelegido más que una sola vez. Para facilitar esa etapa transitoria el gobierno ha modificado por decreto cinco leyes, la de 1956 sobre derechos políticos; de 1972 sobre el parlamento; la de 1977 sobre partidos políticos; la de 1980 sobre la segunda cámara o consejo de la Shura;  y la de 2005 sobre las elecciones presidenciales que limitaba tanto las condiciones de elegibilidad de los candidatos a presidente que en la práctica impedían que otro que no fuese Hosni Mubarak ganase. El Alto comité Militar, por su parte, se ha comprometido a levantar antes de las elecciones de septiembre el estado de sitio que lleva 30 años en vigor y que en la actualidad es de solo 3 horas después de dos reducciones aprobadas desde la salida de Mubarak del poder.   Quedan, no obstante, sensibles cuestiones por definir como el engarce de los cristianos coptos –el 16 por ciento de la población de Egipto- en una constitución que afirma que la religión del Estado es el islam, y otros aspectos que afectan por igual a los coptos, a las mujeres y a los demócratas, la mención en la Constitución de que la “Charia” o ley islámica es la fuente principal de legislación. Pero este y otros aspectos, como la demostración de fuerza de los islamistas, en particular los hermanos musulmanes, será objeto del próximo artículo: Egipto: islamistas y liberales (y 2) Otros artículos de este autor: Túnez: los muertos no volverán a votar La revolución árabe se generaliza: ¿ayuda a todos o ayuda selectiva? 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