Los dos militantes del PP serán indemnizados con 12.000 euros cada uno
El Tribunal Supremo seguirá estudiando el 'caso Bono'
jueves 28 de junio de 2007, 17:29h
Actualizado: 10 de octubre de 2007, 11:36h
El Tribunal Supremo continuará este viernes sus deliberaciones sobre los recursos contra la sentencia que condenó a tres policías a entre 3 y 5 años de cárcel por la detención de dos militantes del PP que participaron en una manifestación de la AVT, en 2005, en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado. La fiscalía ha recurrido la condena de la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de detención ilegal y coacciones, no así por el de falsedad documental; mientras que la abogacía del Estado por los tres.
Según fuentes del alto tribunal, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Enrique Bacigalupo, Luciano Varela y Manuel Marchena se reunieron este jueves por la mañana, a puerta cerrada, para estudiar los recursos y proseguirán el viernes.
Los motivos en los que la fiscalía madrileña fundamenta su recurso de casación ante el Tribunal Supremo son la "infracción de ley" por aplicación indebida de los artículos del Código Penal y por "error de hecho en la apreciación de las pruebas", así como la infracción de precepto constitucional.
La Audiencia de Madrid impuso en mayo de 2006 al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información una pena de 5 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial y 2.160 euros de multa. Por el delito de falsificación, el tribunal le impuso 3 años de cárcel, 2 años de inhabilitación y una multa de 1.080 euros; por el de detención ilegal, 2 años de prisión y 8 de inhabilitación, y por las coacciones otra multa de 1.080 euros.
Por otro lado, al inspector jefe, la Audiencia lo condenó a la misma pena de cárcel y de inhabilitación que al comisario jefe y a una multa de 1.080 euros, mientras que al inspector se le impuso 3 años de cárcel, 2 de inhabilitación y una multa también de 1.080 euros por falsificación documental.
Además, los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, serán indemnizados con 12.000 euros, ya que "sufrieron un daño moral. Fuera de toda duda", Barrios y De la Cruz fueron detenidos ilegalmente, según el tribunal. Aunque, en este sentido, la sentencia señala que no hay elementos para entender que estas detenciones "fuesen sugeridas por instancias superiores" a los acusados.
En cuanto a la falsedad, el tribunal entiende que los acusados hicieron desaparecer informáticamente el atestado original, destruyeron la primera comparecencia de los agentes que estuvieron presentes en los hechos, así como su diligencia de gestiones y la primera declaración de los escoltas del ministro.
Si (
No(
