El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha comparecido ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados para explicar las circunstancias del atentado que costó la vida a seis soldados españoles en Jiam (Líbano). Era su obligación y la ha cumplido con toda diligencia.
Lo que Alonso debía saber es que la oposición iba con la idea preconcebida de continuar con su guerra de desgaste al Gobierno, aunque para ello tenga que recurrir a argumentos no ya ilógicos y mendaces, sino faltos de cualquier sentido de las proporciones. Y nadie mejor que Eduardo Zaplana, portavoz del Partido Popular, para practicar este jueguecito. Quien no se corta ni un pelo para negar hoy lo que afirmó hace tres años.
La cosa iba de inhibidores en los BMR (blindados medios sobre ruedas, en la terminología francesa adoptada por el Ejército español) y, por supuesto, de las cruces al Mérito Militar con distintivo amarillo concedidas a título póstumo. Para los populares, durante cuyo último Gobierno se redactó el reglamento que rige la concesión de condecoraciones militares, el actual ejecutivo ha sido cicatero con las medallas. Y, claro, porque quiere negar que lo sucedido es una acción de guerra.
Pues no. Convendría que alguien, en el PP, se tomase la molestia de leerse, aunque sólo sea por curiosidad, las directrices marcadas por la ONU para la misión de la FINUL. Como viene siendo tradición desde 1960, las tropas de diferentes países, bajo bandera y mandato de Naciones Unidas, lo hacen como fuerza de interposición entre contendientes enfrentados (esto incluye no sólo a Hizbullah y otras fracciones armadas libanesas, sino también al ejército israelí). Los efectivos militares, tanto españoles como de otros 28 países, están en Líbano para eso y sometidos, además, a unas reglas de enfrentamiento, las del Comité Militar de la ONU, que siguen siendo fuertemente restrictivas en cuanto al empleo de la fuerza. A esto, coloquialmente, como hace el propio presidente del Gobierno, se le llama misión de paz, aunque no sea del todo exacto, porque la ayuda a la castigada población civil es sólo un objetivo secundario.
Una fuerza de interposición –de ahí la malévola mentira del PP, empeñado, ¡a estas alturas!, en seguir justificando la invasión de Iraq—no es una fuerza de guerra, aunque tampoco estrictamente de paz. Es una fuerza encargada de velar por la separación de contendientes, el mantenimiento del alto el fuego y lo que, en conjunto, de casi medio siglo a esta parte, se conoce como fuerza de policía internacional.
En el Líbano, declarada o no, existe una maldita guerra civil, agravada por las continuas violaciones del Derecho internacional a cargo del Estado de Israel. España, no obstante, y sus militares destacados en la zona, no están en guerra, aunque sí en riesgo cierto de recibir el fuego de unos y de otros. No será la primera vez –ni la última, por desgracia— en que las fuerzas de Naciones Unidas son atacadas por cualquiera de los bandos en lucha. Este es el precio que se paga por cumplir los compromisos internacionales adquiridos por un Gobierno legítimo. Aunque el Partido Popular siga embarcado en su guerra de desgaste.
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No(
