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Derechos fundamentales y derechos progresivos

Derechos fundamentales y derechos progresivos

jueves 08 de marzo de 2012, 07:40h
En la actual cultura política española hay una contradicción lógica que necesita ponerse explícitamente sobre la mesa, para tratar de resolverla y evitar así la confusión que provoca. Se trata del discurso sobre los derechos exigibles en medio de una crisis económica. Importa destacar que este discurso es suficientemente poderoso como para colocar contra las cuerdas a los Gobiernos de turno. De esta forma, puso en apuros tanto al Zapatero que regresó de Bruselas en mayo del 2010 con un paquete de recortes, como al Gobierno de Rajoy y su actual programa de reformas.

El argumento consiste en afirmar que los recortes en marcha suponen una conculcación de derechos adquiridos, sean estos sociales o individuales. Y cuando esto se afirma, los Gobiernos responden con vehemencia que eso no es cierto, o bien refieren a la defensa de otros derechos (como el derecho de los desempleados, etc.). Así se cae en una confusión importante: por un lado, se afirma que sólo podremos tener el Estado de Bienestar que podamos pagarnos, pero cuando se argumenta que eso significa un recorte de derechos, se niega por completo esa posibilidad.

He sugerido en estas páginas que el problema reside en un discurso sobre derechos que uniformiza todo tipo de derechos y los hace igualmente exigibles. Desde los años ochenta se plantea que tienen igual sentido los derechos de primera generación (derechos fundamentales) como los derechos de segunda o tercera generación (ambientales, económicos, etc.). En los períodos de crecimiento económico esa perspectiva parecía coherente. Pero en los referidos a declives económicos la cosa se complica. De hecho, esa esquizofrenia se refleja orgánicamente en el sistema que respalda la expansión de derechos. Como es sabido, desde el seno de Naciones Unidas se ha desarrollado esa perspectiva de que todos los derechos tienen el mismo grado de exigibilidad, pero, al mismo tiempo, uno de sus organismos, el Fondo Monetario Internacional, ha propuesto recetas forzadas de recortes muchas veces brutales.

Es necesario salir de esa trampa: si se considera que un Estado de Bienestar amplía los derechos socioeconómicos, entonces un recorte del Estado de Bienestar conlleva obligadamente un recorte de derechos. Ahora bien, por otro lado, parece poco serio pensar en un saneamiento económico sin un programa de recortes, cuando se deprime la economía. ¿Entonces?

Mi juicio es que la única forma de salir de esa esquizofrenia es aceptar la diferencia sensata que existe entre derechos fundamentales y derechos progresivos. Los primeros no tienen diferente grado de exigibilidad, son inamovibles; es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede cumplirse a medias, porque los derechos fundamentales establecen las reglas del juego cívico y social (y conste que también en la Declaración se reconocen derechos sociales y laborales básicos). Pero los derechos sociales y económicos referidos al desarrollo del Estado de Bienestar son de carácter progresivo: son exigibles de conformidad con el desarrollo material de la sociedad y no al margen de esta. De esa forma, su cumplimiento no puede exigirse en el mismo grado durante una etapa de crecimiento económico que en una etapa de recesión.

Esa sensata distinción ha informado el espíritu de muchas constituciones progresistas surgidas tras la segunda guerra mundial y no parece que el discurso que reclama la inflación y uniformidad de derechos pueda superarla. Desde luego, la naturaleza progresiva de los derechos ligados al Estado de Bienestar los hace exigibles en cuanto que el crecimiento económico permita su expansión. Pero en tiempos de recesión debemos de llamar a las cosas por su nombre: si hay recorte del Estado de Bienestar, entonces hay recortes de derechos adquiridos, pero eso es perfectamente lógico en el caso de los derechos progresivos. Los que deben mantenerse intocables son los derechos fundamentales, porque son los que garantizan las reglas básicas del procesamiento social de las decisiones políticas, indispensables, también para enfrentar las crisis económicas.  
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