Urdangarín y Diego Torres quieren eludir la prisión

En tres diarios nacionales, El País, El Mundo y El Periódico de Cataluña, se relatan hoy historias fundamentalmente coincidentes sobre los propósitos de Urdangarín y su socio, Diego Torres, para tratar de eludir la prisión y llegar a algún acuerdo con el fiscal que reducizca en lo posible la pena a que serían acreedores por sus "andanzas" en el Caso Nóos o Caso Palma Arena. Según destaca el titular de El País, Urdangarín y su exsocio ofrecen al fiscal un pacto para eludir la cárcel, un acuerdo que implicaría reconocer los delitos y el abono de los 3,5 millones de euros por los daños causado a las Administraciones. De manera parecida, cuenta El Mundo que Urdangarín ofrece declararse culpable si no va a la cárcel, y que tanto su abogado como el de su socio DiegoTorres han planteado a la Fiscalía una condena de conformidad. Se comprometen a devolver el dinero público recibido en Valencia y Baleares y a asumir una pena inferior a dos años. El Ministerio público se plantearía negociar si revelan previamente dónde está todo el dinero que han evadido. En cuando a El Periódico de Cataluña, señala que Urdangarin y su exsocio Torres están negociando un acuerdo para presentar un pacto conjunto ante la Fiscalía Anticorrupción que consistiría en devolver el dinero malversado a través del Instituto Nóos, que ambos dirigían, y evitar el ingreso en prisión. Según han confirmado fuentes próximas a la causa, los entornos de ambos imputados están cuantificando los términos económicos y jurídicos de la propuesta. Añade eddsta información que, en principio, está previsto que el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, se reúnan en los próximos días, por separado, con miembros de la fiscalía, a iniciativa de esta institución, que se ha mostrado receptiva a que se llegue a un acuerdo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En definitiva, los dos principales imputados deben estar dispuestos a reconocer conductas investigadas y asumir el pago de la responsabilidad civil que se fije para cubrir los perjuicios provocados a las arcas públicas de distintas administraciones, en especial, Baleares y la Comunitat Valenciana. La reparación del daño abriría la posibilidad de reducir la petición de pena, que permite a la administración de justicia actuaciones más condescendientes con los arrepentidos. El objetivo de Urdangarin y Torres pasa por que la petición de pena de cárcel sea inferior a los dos años, ya que la legislación permite, en este supuesto, que el imputado no ingrese en prisión. Torres también exige la exculpación de su mujer. Los fiscales anticorrupción en Baleares ha gestionado de forma hábil estas herramientas en otros casos, a fin de lograr testimonios de arrepentidos que han confesado a cambio de un trato penal más favorable. Aunque la negociación sigue abierta, tanto a Urdangarin como a Torres les interesa llegar a un acuerdo debido al interés común por evitar el ingreso en prisión, y por los derroteros que puede adquirir la causa si se descubren nuevos actos sospechosos. Los contactos entre las personas que están negociando se han intensificado desde la incorporación al sumario de correos electrónicos del duque de Palma, facilitados al juez José Castro por el letrado de Torres, donde se ponían de manifiesto actuaciones del Rey que la infanta Cristina trasladó a su marido. «Tengo un mensaje de parte del Rey que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps [el expresidente de la Generalitat Valenciana] a Pedro [armador y regatista] para comentarle el tema de la base del Padra [para la Copa América] y que, en principio, no habrá problemas y que nos ayudarán a tenerla», decía uno de los e-mails enviados por Urdangarin a Torres en octubre del 2007, cuando se suponía que habían roto su relación mercantil por orden de la Casa del Rey. «El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxà (Iberostar) y, sorprendentemente, Miguel no sabía nada del proyecto. Claro, se ha quedado un poco parado», le comentó en otro correo el duque de Palma a su exsocio sobre otra gestión del Monarca. La entrega de estas misivas al juez fue motivada por el enfado de Torres al ver que el marido de la infanta Cristina defendía en un escrito remitido al juzgado que la esposa de su exsocio, Ana Tejeiro, siguiera imputada en la causa, puesto que apreciaba que su actuación en el entramado de Nóos no era comparable al de la hija del Rey, quien fue vocal de la fundación y copropietaria, con su marido, de Aizóon, una de las empresas a las que, presuntamente, se desvío dinero público.

Pero lo esencial es que Urdangarín y Torres quieren enterrar el hacha de guerra y tratan de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño económico que han causado al erario público y el daño moral causado a la Casa Real. El diario El País cree saber que ha sido el yerno del Rey quien ha tomado la iniciativa para poner fin a esta guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP. ¿Devolver 3,5 millones bastaría para "olvidar" los diez millones recaudados a Camps y Matas? Sería un formidable negocio para los dos "pillos". Pero al menos tendrían que reconocer sus fechorías y pagar "algo" por ellas. A cambio, terminaría esta guerra con tantas víctimas: Primero, Urdangarín y Torres, además, de sus respectivas mujeres y familia, y luego, los expresidentes autonómicos generosos con dinero público y obsequiosos con "el yernísimo". Parece que el principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dosimputados debe asumir la mayor parte del desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel "institucional" en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena. El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. Cuenta El País que Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal. Por lo demás, cabe recordar que la colaboración de imputados con la justicia y los pactos de conformidad con la fiscalía son habituales, aunque implican confesarse culpable. Los arrepentidos declaran su implicación en supuestos delitos en investigación para beneficiarse de un mejor trato en la sentencia. El avance de la instrucción judicial y la acumulación de indicios, suele precipitar la decisión del imputado. Por este reconocimiento, los arrepentidos merecen ser beneficiarios de atenuantes penales: reducción de los tipos delictivos y de las posibles penas. Pactan para no entrar en la cárcel o cumplir penas bajas. En especial han de reponer totalmente, más un tercio de carga, el daño patrimonial causado a la Administración si se trata de malversación, cohecho o fraude. El pacto de conformidad puede ser global entre todos los coimputados y comportar la no celebración de la vista pública. El fiscal conduce con los letrados las negociaciones y los acuerdos y los somete al tribunal, en anuencia con aquéllos que están sentados en el banquillo.

Y sobre todo, el acuerdo que se busca significaría el fin de un escándalo que ha roto a la familia real y ha dejado muy erosionada su imagen pública. Otra cosa es que pueda rehacerse esa imagen dañada del mismísimo Rey, que redemostró incapaz de poner freno a la avaricia insaciable del yernísimo....