La Comunidad no se pronuncia sobre el recurso pero acatará el dictamen del TC

La decisión de interponer el recurso fue adoptada este viernes por el Consejo de Ministros una vez vistos el informe del Consejo de Estado y los criterios técnicos de los Ministerios de Medio Ambiente y Justicia.

En concreto, el Gobierno central busca impugnar el artículo 9 de la Ley autonómica, que modifica las competencias de los agentes forestales en las fincas privadas, alegando que se invaden competencias reservadas por la Constitución a la legislación estatal.

Cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en septiembre la intención del Gobierno de recurrir la Ley de Medidas Urgentes, el vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, alegó que esta normativa "no pretende quitar a nadie la consideración de agente de la autoridad, sino equiparar esa funcionalidad a la de cualquier otro agente y, muy especialmente, a la Guardia Civil".

El 'número dos' de Esperanza Aguirre dijo entonces que la Ley se había "explicado y debatido" en el Parlamento regional, donde fue aprobada sólo con los votos del PP, y que su objetivo es "mejorar muchos aspectos del funcionamiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y las condiciones del urbanismo, agilizar las tramitaciones y hacer compatible un desarrollo adecuado de la región con la defensa de los intereses generales de todos los ciudadanos".

Mientras, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, defendió el artículo de la Ley que afecta a las funciones de los agentes forestales y les exige autorización judicial para entrar en montes y fincas de titularidad privada argumentando que así se impedirá que estos profesionales trabajen "dando una patada en la puerta".