Esta organización destaca, en primer lugar, que es "la primera vez" que observa una interpretación como la realizada para exonerar a la Infanta de la posible comisión de un delito fiscal en su sociedad patrimonial Aizoon. Una conducta delictiva que, sin embargo, la Agencia Tributaria sí que atribuye al duque de Palma, que ostenta, junto a su mujer, el 50% de esta sociedad.
En esta misma línea se ha posicionado
Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, el tercer sindicato más importante de la Agencia Tributaria tras SIAT y CCOO, que tilda de "poco sólido" el argumento esgrimido por Hacienda para exculpar a
Cristina de Borbón del delito fiscal descubierto en Aizoon.
Por otro lado, ABC publica de forma destacada que "el perito que eligió Castro para las cuentas de la Infanta tiene tres años de Periodismo", tras lo que detalla este rotativo que el juez lo pidió como "funcionario adscrito" sin que exista esa figura en la normativa.
El diario también publica que a los expertos consultados les llama la atención dos de las últimas decisiones del juez: que pida las declaraciones de la Renta de la Infanta desde 2002 hasta 2012, cuando el delito fiscal tiene un plazo de prescripción máximo de cinco años, y que solicite si doña Cristina ha declarado propiedades en el extranjero. Además, también señala el periódico que el instructor pide informes a la Agencia Tributaria que no puede hacer hasta que se cierre la vía penal.
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