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Treinta años de paciencia ¿no son suficientes?

Hace 51 años se presentaba en París el libro “La causa del Pueblo Vasco” escrito por el diputado alavés y posterior vicepresidente del Gobierno Vasco en el exilio, Javier de Landaburu. En la dedicatoria de aquel magnífico texto, Landaburu plasmó este pensamiento:

“En recuerdo de todos los vascos muertos durante la guerra fratricida causada por la sublevación de 1936. Los que cayeron en cualquiera de los frentes bajo las banderas vascas o de las dos Españas, los que fueron asesinados en sus retaguardias, los que murieron en cama, en su casa o en el exilio, acongojados por la pena de los males de la patria y sin comprender aquella catástrofe cruel e innecesaria”.

Esta acertada dedicatoria, todo un preámbulo que podía servir para una ley de la Memoria Histórica fue hecha desde el exilio, en lo más duro y cruel del franquismo y buscando la reconciliación. Esa fue la conducta de aquella generación que no odió de forma mayoritaria y cuando odió, formó a ETA.

Hijo del exilio de aquella guerra me parece increíble que se siga hablando de la transición política española como si ésta la hubiera hecho el rey o Adolfo Suárez, porque, fundamentalmente la hicieron quienes en 1976 no pasaron factura alguna y han esperado treinta años para que se pueda hablar solo un poquito de estas cosas para no despertar a una fiera que ahí está, dispuesta siempre a despertarse y dar el zarpazo.

Por eso y ante una Ley que no nos satisface, hemos tenido que elegir entre el todo o la nada.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemosprestado un apoyo parcial a la Ley de la Memoria Histórica. Y es parcial porque, aun a pesar de la ostensible mejora que el texto ha experimentado durante su tramitación, sigue acusando deficiencias que hacen imposible el pleno e incondicional respaldo de nuestro Grupo.

Por otra parte, se ha preferido apoyar parcialmente la ley a rechazarla plenamente porque, aun cuando el texto final no responde al ideal, al día de hoy carece de alternativa viable. Y ante el dilema de apoyarla, siquiera parcialmente, o renunciar definitivamente a una norma que aborde de manera equilibrada e integral el problema de las víctimas de la guerra civil y de la Dictadura, un objetivo largamente acariciado en las Cortes por parte de las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierda, preferimos optar por la primera alternativa. Creemos muy poco probable que, si esta iniciativa fracasa, pueda volver a plantearse en una legislatura futura. Y aunque no sea plenamente satisfactorio, el texto acordado incluye contenidos a los que, en nuestra opinión, no puede oponerse una fuerza democrática, que combatió la sublevación militar y ha sufrido, durante largos años, la represión franquista y el exilio.

Las enmiendas que hemos presentado han permitido mejorar la Ley en varios aspectos. He aquí algunos de ellos:

Simbología: La eliminación de símbolos ha de incluir, no sólo a los que exalten la guerra civil, sino, sobre todo, a los que exalten la sublevación militar. La supresión de símbolos concierne igualmente a las personas y entidades privadas que reciben fondos públicos, bajo riesgo de perder las subvenciones que eventualmente pudieran recibir. Sólo cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas "protegidas por la Ley", cabrá excepcionar este principio.

Exhumación de fosas: La Administración General del Estado ha de tomar un papel activo en el proceso de exhumación de fosas, elaborando planes y otorgando subvenciones a las entidades que desarrollen esta labor. No puede limitarse a permitir su realización.

Acceso a los archivos: Se han eliminado del texto las prevenciones que obstaculizaban el libre acceso de los investigadores y los interesados a la documentación relativa a este período. El texto original del proyecto establecía un régimen incluso más restrictivo que el vigente para hacer efectivo este derecho

Reconocimiento de fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. El reconocimiento de las personas fallecidas en este periodo, se amplia a las que padecieren lesiones o secuelas.

Pero, como hemos apuntado, nuestro apoyo al proyecto, no puede ser total. Su texto sigue incluyendo una serie de disposiciones sobre el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que no contarán con nuestro respaldo hasta que no sean restituidos a sus legítimos propietarios, los documentos públicos y privados incautados por las autoridades franquistas en el País Vasco, o fuera de él, pero pertenecientes a personas, asociaciones o entidades vascas.

Mientras esta restitución no sea llevada a cabo, seguiremos exigiendo al Gobierno la reparación de esta injusticia histórica, más lacerante aún si cabe, tras la aprobación de la Ley que restituye a Catalunya los documentos incautados en su territorio.
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