El PP laminó las propuestas de resolución de la izquierda real sin leerlas siquiera

Entre las propuestas planteadas por el grupo que preside Cayo Lara se incluía la petición de retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también la del anteproyecto de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, la reforma de la Administración Local o la reforma laboral, además de impedir la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

En relación a este último tema de la reforma educativa, la resolución registrada reclamaba al Gobierno abrir de forma urgente un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar las medidas necesarias para mejorar el sistema educativo público.

El grupo de IU proponía impedir el cambio de titularidad, la "enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos" existente, así como establecer una moratoria a los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos.

Junto a la solicitud de que se garantice una educación laica, plural y culturalmente respetuosa con la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, IU, ICV-EUiA, CHA planteaba que se rebajen las tasas universitarias, aumentar las becas o dignificar el trabajo del profesorado y del personal investigador.

La resolución para responder al anteproyecto de ley del aborto buscaba que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y conseguir que no se modifique la legislación actual si no es para garantizar y ampliar los derechos ya reconocidos.

En materia de derechos y libertades, junto a poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana, se proponían medidas para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que porten su identificación de forma "clara y visible" para evitar objetivos "intimidatorios" en las identificaciones y cacheos.

También se planteaba acabar con los controles basados en "rasgos étnicos y raciales" y se solicitaba el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), poner freno a las "devoluciones ilegales" de inmigrantes, revisar los acuerdos de cooperación con Marruecos y elaborar una ley integral contra las mafias de ciudadanos para su entrada en nuestro país.

Otra de las resoluciones planteaba la reprobación de Rajoy y de todo su Gobierno "por situar a España en un retroceso económico y social y una involución democrática sin precedentes". IU, ICV-EUiA, CHA basó esta propuesta en la gestión que el Ejecutivo del PP hace de la salida de la crisis económica, las reformas en educación, su agenda de "privatizaciones y restricciones de derechos", la "criminalización y represión de la movilización ciudadana" y los casos de corrupción que afectan a altos dirigentes 'populares', con el 'caso Bárcenas' a la cabeza.

Las propuestas se completaban con iniciativas para impulsar la Memoria Histórica, la rebaja del IVA cultural o con una serie de apartados específicos de lucha contra la pobreza. Así, se proponía establecer una renta básica de ciudadanía, que se tengan en cuenta las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se establezca la dación en pago.

En una resolución específica se insistía en la derogación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda frente a los servicios públicos y los derechos sociales. También incrementar de forma gradual el salario mínimo hasta que represente al menos el 60%, llegando hasta los 1.100 euros en octubre de 2015.

También es conocida la propuesta de reforma fiscal para hacerla más progresiva y justa, acabando con la "maraña" de deducciones, bonificaciones y exenciones actuales e implantando una lucha contra el fraude fiscal más afectiva.