Se ha iniciado la semana con la celebración del I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid, iniciativa pionera en el conjunto del Estado. El Congreso ha contado con la presencia y participación de la Administración regional, la central, la de las diversas comunidades autónomas, las universidades, los sindicatos CC.OO. y UGT y un buen número de expertos.
Más de cuarenta paneles, mesas redondas, ponencias han dado contenido a una iniciativa emanada del II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, firmado por el Gobierno regional, CEIM, UGT y CCOO. Compartir la reflexión es el primer paso para abordar los problemas y cooperar en la búsqueda de soluciones. Porque la verdadera solución en estos momentos pasa por la cooperación.
No nos duelen prendas en reconocer y agradecer los gestos. El gesto de los empresarios de suscribir el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. El gesto del Gobierno regional de aceptar que dicho Plan Director sea el primer resultado del diálogo social en la región. El gesto de reforzar los mecanismos para aplicar la Ley en las empresas por parte del Estado. El gesto de fiscales y jueces de actuar penalmente cuando se producen accidentes graves y mortales. El gesto de los ayuntamientos de formar policías municipales para actuar como policía judicial en el combate contra la siniestralidad.
Pero la realidad sigue siendo dramática. El conocimiento y la política de gestos tienen valor en sí mismos, pero sólo son útiles si transforman la realidad. En Madrid, si se mantiene la tendencia, acabaremos el año con más de 160.000 accidentes laborales con baja y más de un muerto por accidente cada dos días. Los agujeros negros de la siniestralidad están detectados. Sectores como la construcción, situaciones de precariedad laboral, colectivos como jóvenes e inmigrantes acaparan la mayoría de las muertes por accidente.
No puede satisfacernos presentar tasas mejores que otras regiones españolas porque en la defensa de la vida y la salud competimos con nosotros mismos y si nos miramos a nosotros mismos la realidad es inaceptable y la lacra de los accidentes laborales supone un coste social y laboral inasumibles.
El problema no es sólo de conocimiento o de gestos. No es un problema de carecer de leyes. El problema es mucho más profundo: extender el Estado de Derecho a la seguridad y la vida en el trabajo. Y esto sólo es posible si todas las instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir las leyes cooperan lealmente en la persecución del delito. No sólo del accidente cuando se produce, sino del delito de riesgo. Si todas las instituciones suman sus esfuerzos para impedir la competencia desleal de aquellos empresarios que basan sus beneficios en el deterioro de la calidad del empleo y la absoluta falta de seguridad de sus trabajadores. Si todos se aplican a la tarea de resarcir a las víctimas y sus familiares social y económicamente.
Saludamos por lo tanto un congreso que tiene pocos precedentes en España. Pero esperamos que el mismo concluya con un compromiso de cooperación de las instituciones y reforzamiento de los instrumentos para que la Ley se cumpla por parte de todos los empresarios de la región, porque la seguridad y la vida de los trabajadores nos va en ello.
Si en algo CC.OO. es intransigente e intolerante es precisamente en esta defensa de la vida, la salud y la seguridad en el trabajo. En el combate contra la sangría humana, social y económica que suponen los accidentes laborales que golpean cada año a miles de familias trabajadoras madrileñas. Prevenir y evitar los accidentes no es un gasto sino una inversión. Obligar a cumplir la Ley no es reprimir al empresario, tal y como algún representante empresarial sostiene en público, sino evitar la represión diaria que supone someter al riesgo de accidente a miles de trabajadores madrileños cada día.
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