Se cumplen hoy los 32 años de aquel 22 de noviembre de 1975, cuando Don Juan Carlos de Borbón, fue proclamado Rey por las Cortes, estando Franco todavía de cuerpo presente, para lo que se suspendió durante la jornada el luto oficial. Quien consigne que la proclamación del actual Monarca constitucional se hizo dentro de la legalidad franquista y con la aspiración de perpetuar, a cobijo de la Corona, el Régimen dictatorial, estará aportando un dato históricamente irrebatible y, por tanto, cierto.
La actual Monarquía parlamentaria tiene como origen la asunción de la Corona por parte de Don Juan Carlos en el anterior régimen. Para los hagiógrafos del Rey, no necesariamente monárquicos, hacía años que el actual inquilino de La Zarzuela había diseñado, in mente, la transición de la dictadura a la democracia, llevado por su agudo sentido de la realidad y su apasionado amor a España y los españoles. Es una interpretación tan lícita como la contraria o como la de aquellos que, para simplificar, dicen que la limpia actitud reformadora y democrática avant la lettre del Rey era más producto de la necesidad personal y dinástica y, naturalmente, pro domo sua. A estas alturas de la democracia, sean cuales fueran las intenciones, el resultado ha sido suficientemente satisfactorio para la sociedad española.
Dicen que la Corona anda esta temporada de capa caída. Primero fue la revista satírica El Jueves con una portada a la que cabe calificar, respetando escrupulosamente la libertad de expresión, de soez. Luego vino el chapucero y sainetesco secuestro de la publicación. Y una buena mañana del pasado mes de julio, el blog de Iñaki Anasagasti, con las nada amables opiniones del senador vasco, que ya ha desfilado por varias televisiones. Más tarde la quema de fotografías de los Reyes, a cargo de unos cuantos mastuerzos antisistema, seguida, desde la COPE, por las incendiarias prédicas de un Savonarola radiofónico exigiendo la abdicación. Y más recientemente, el “¿por qué no te callas?” del Rey, en la Cumbre Iberoamericana, al venezolano Hugo Chávez.
Han saltado –dicen—las señales de alarma. ¡¡¡El prestigio de la Corona está en juego!!!, se desgañitan algunas y algunos, a medio camino entre el desmayo y el orgasmo. Otra cosa no, pero los de la plebe divertidos lo estamos un rato, asistiendo, de propina, al “cese temporal de la convivencia” (¡toma ya, eufemismo al tecnocrático modo!) de los Duques de Lugo, incluyendo las obscenas y babeantes incursiones de los medios viscerales en la separación de la primogénita de los Reyes, y los ataques a Jaime Marichalar (al pobre le están dando palos hasta en el forro de la bufanda de pashmina, con la que gusta proteger su cuello de los fríos otoñales) ¡Como si ser un rematado cursi, en trance de separación de una infanta, fuese delito de lesa patria!.
¿Realmente un dibujo de los Príncipes de Asturias en trance de fornicio, las palabras de Anasagasti sobre el aparentemente escaso entusiasmo laboral del regio conglomerado familiar, las quemas de fotos, las federicadas de la COPE, un humano desahogo verbal de Don Juan Carlos o una infantesca separación conyugal menoscaban el prestigio de la Corona? No serán bromas soeces, ni exabruptos blogueros, ni fotos quemadas o palabras más o menos indignadas los que socaven el prestigio de la Corona.
Desde la publicación y entrada en vigor de la Constitución Española, más por omisión que por acción directa, son otros, incluyendo a quienes dicen actuar en interés del titular de la Institución, los que se encargan de hacerlo. El prestigio de la Corona de España va mucho más allá del de la persona que la detenta. Como tal es el signo visible y representativo de la sociedad a la que sirve. Pese a que la persona Don Juan Carlos, por mandato constitucional, es inseparable de la Institución que encarna gozando de un grueso blindaje jurídico, nada hay en nuestra Carta Magna que impida que sean las Cortes Generales quienes, al igual que sucedió con Alfonso XIII, promulguen el Estatuto Regio, deslindando el ejercicio constitucional, por parte del Rey de las funciones que le son propias, de su actuación como individuo privado.
Las sobreprotecciones --tanto las jurídicas, como las que oficiosamente se ejercen--, las opacidades voluntarias, y los sobreentendidos acerca del Rey y de su familia, se están manifestando como enemigos de la Corona y de la pervivencia de la dinastía de Borbón, al menos desde la óptica de quienes, en pleno siglo XXI, siguen abogando por la continuidad de la Monarquía parlamentaria. Con Don Juan Carlos a punto de cumplir –lo hará el próximo 5 de enero—los 70 años, se impone poner en hora la Institución que, con más aciertos que errores y deslices personales, ha encarnado dignamente durante los últimos 32 años. Sería la forma de allanarle el camino a su heredero el Príncipe de Asturias.
Si (
No(
