El Constitucional suspende temporalmente el comisionado para la Transición Nacional de Cataluña

El tribunal también ha admitido el recurso contra el plan para la preparación de Estructuras de Estado y el plan de Infraestructuras Estratégicas, y ha trasladado su decisión a la Generalitat, que dispondrá ahora de veinte días para presentar alegaciones. Asimismo, también se ha admitido a trámite el recurso contra varios preceptos del decreto de la Generalitat por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.

En sendos comunicados, el TC informa de esta decisión y aclara que la admisión a trámite "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso" y recuerda que dispone de cinco meses de plazo para ratificar o levantar la suspensión de las decisiones de la Generalitat recurridas por el Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció la presentación del recurso a finales de junio, explicó que el conflicto se planteaba una vez que la Generalitat había ignorado el requerimiento que se le hizo el pasado mes de abril para que diera marcha atrás en el nombramiento de Carles Viver Pi-Sunyer como comisionado para la Transición Nacional.

Sáenz de Santamaría ya avanzó entonces que, en virtud del carácter automático de la suspensión temporal solicitada por el Gobierno, el comisionado no podía desplegar ninguna de sus actuaciones. "Es como si no existiera", llegó a decir.

La labor encomendada a ese comisionado por la Generalitat es coordinar todos los departamentos en la preparación de las "estructuras de Estado" para que estén listas de cara a las elecciones del 27 de septiembre, a las que el presidente catalán, Artur Mas, pretende dar carácter de plebiscito por la independencia, a pesar de que el presidente del Gobierno haya reiterado en multitud de ocasiones que esas elecciones serán autonómicas y no plebiscitarias.

Para el Gobierno, el comisionado y los planes para crear esas estructuras de un Estado catalán suponen una "vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español", de la indisoluble unidad de la nación española y de la igualdad de los españoles ante la ley.

Tras la presentación del recurso, la vicepresidenta y portavoz del Govern catalán, Neus Munté, calificó el mismo de "ridículo" y "partidista" y señaló que el gobierno catalán no daría "ni un paso atrás".

También en relación con Cataluña, pero en esta ocasión en sentido contrario, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra diversos artículos de la ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Ahora trasladará la demanda al Congreso, el Senado y el Gobierno, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y presentar alegaciones.