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Unidad Popular apuesta por una República Federal que rompa con el sistema que expolia derechos y privatiza lo público

> Proponen la abolición de la reforma laboral y de la ley mordaza; sanidad y educación universal y pública

viernes 04 de diciembre de 2015, 12:00h

Son la única candidatura con opciones de sacar votos en los comicios del 20-D que se proclaman antisistema, aunque los teóricos objetivos que incluyen en su programa los realizarían por medios pacíficos, como es lógico. Porque Unidad Popular, con Izquierda Unida de principal referente, acusa al sistema de estar basado "en el expolio y la depredación" restando derechos a los desfavorecidos y privatizando lo público, "que es de todas y todos". Para lo cual, desde un nuevo Estado en forma de República Federal, se apostará por "la construcción de una nueva sociedad".

Unidad Popular apuesta por una República Federal que rompa con el sistema que expolia derechos y privatiza lo público
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(Foto: EP)

Una sociedad que saldría de una serie de medidas que propone esta nueva coalición que forman IU, Unidad Popular en Común, Baztarre, CHA, CLIAS, RPS, Izquierda Asturiana, Izquierda Castellana y Segoviemos. En total, el extenso documento de más de un centenar de páginas, tiene seis apartados: derechos sociales, derechos humanos y diversidad, modelo de Estado, modelo sostenible, derechos de los animales y política internacional

De cara a lo cual, el programa tiene como uno de sus objetivos fundamentales la lucha contra la corrupción, con una nueva ley anti-corrupción que incorpora el delito de enriquecimiento ilícito, y elimina de la inmunidad asociada al cargo político, amén de que que ampliarían a 20 años el plazo de prescripción para los delitos de corrupción. Aunque la regeneración democrática pasa por otras medidas, entre ellas la restauración de las libertades de reunión pacífica y expresión -derogando, por supuesto, la conocida como ley mordaza-.

Y, dentro de este modelo, una de las mejores formas de evitar la corrupción es reformando a fondo la justicia, para lo que sería fundamental cambiar los sistemas de elección del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial -evitando la preponderancia de los partidos- y del Fiscal General del Estado, cuya "elección y cese dependerá de las Cortes Generales". Y, naturalmente, suprimiendo los Tribunales Militares, "cuyas atribuciones pasarán a la jurisdicción ordinaria".

Como es lógico, dentro de ese intento de aumentar los derechos civiles básicos, figuran dos temas básicos, como la Sanidad y la Educación. La primera, "pública, universal de calidad", y, claro, sin ningún tipo de prepago: "la Sanidad debe ser universal, para lo cual se deben emprender las reformas legislativas necesarias para garantizarlo", así como su financiación. También se garantizará la atención sanitaria a los inmigrantes.

Una de las novedades es la incorporación del documento de voluntades anticipadas al historial médico de todos los pacientes, accesible fácilmente para el personal sanitario desde cualquier centro médico del territorio nacional. Se establecerá la obligatoriedad por parte del personal sanitario de cumplir la voluntad del paciente en los términos expresados en dicho documento. En cuanto a la la Educación, se llevará a cabo con una enseñanza pública de calidad, "abierta y participativa", por supuesto sin la Religión como asignatura evaluable.

Wifi gratuito, IVA cultural y toros

Dentro de ello, UP garantizará el cumplimiento de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: dotando de financiación a lo que se consideró el cuarto pilar del Estado de bienestar. Y dotando también tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas "de partidas presupuestarias suficientes y financieras". Otra novedad está en torno a la creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública "mediante un sistema de farmacia estatal con el que asegurar a la población un acceso igualitario".

El programa, aunque no lo detalla con la profundidad de otros puntos, también habla de una renta básica para todos los que la necesiten, así como potenciar el mercado de alquiler público y privado con exenciones fiscales para personas que tengan vivienda en este régimen. En el aspecto laboral, queda claro que se abolirían las reformas, favorables a los empresarios y contrarias a los trabajadores, que a tal efecto realizaron los gobiernos de PSOE y PP.

Por último, además de políticas que ayuden a superar la brecha digital promoviendo el acceso público universal a WiFi gratuito, destaca en el campo de la cultura la bajada del IVA al 4% y nuevas leyes de Mezenazgo y Fundaciones, sobre todo para las que reciban ayudas con dinero público. Y un claro posicionamiento en contra de los toros, pues esta coalición cree que debe desaparecer "el fomento y protección de la tauromaquia en forma de práctica contemporánea de acuerdo con una propuesta de abolición".

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