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Protesta ante la sede de Enresa, Madrid
Protesta ante la sede de Enresa, Madrid (Foto: EP)

Carlos Villeta alerta del cementerio nuclear tras las últimas novedades: "Es un auténtico escándalo"

viernes 15 de abril de 2016, 20:01h
El CSN ha remitido esta semana al Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno y a la ONG Transparencia Internacional varios informes en los que se concluye con carácter general que los terrenos de Villar de Cañas son aptos -aún con graves incertidumbres- para albergar el futuro silo de residuos atómicos español. Sin embargo, las voces en contra del cementerio nuclear no se han apagado sino todo lo contrario. El co-portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Carlos Villeta, asegura en Diariocrítico que el proyecto es “un auténtico escándalo”.

El almacén temporal centralizado (ATC) es uno de los asuntos que deja colgado el ya ex ministro José Manuel Soria tras su renuncia a ejercer sus funciones en la cartera de Industria.

El ATC está judicializado y paralizado. Si bien el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió en julio de 2015 su aprobación a los terrenos de Villar de Cañas, la autorización administrativa, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aún no se ha emitido porque, entre otras cuestiones, falta el informe de impacto medioambiental.

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca interpreta que el CSN "intenta ahora justificar la decisión que tomó en julio" con la aportación de estos informes. "En todo caso, hasta dónde sabemos los terrenos no reúnen las condiciones y ahora el CSN tiene que hacer unos equilibrios muy extraños", asegura Villeta.

"Se están dejando llevar por sus propios intereses políticos y económicos", denuncia el co-portavoz de la plataforma. "Había un problema que las autoridades no sabían cómo solucionar hasta que se pusieron de acuerdo Soria y Cospedal", asegura Villeta.

De hecho, el emplazamiento del ATC en Villar de Cañas fue uno de los primeros asuntos con que se estrenó Soria en el Consejo de Ministros en diciembre de 2011, ya que el municipio conquense -en este momento Castilla-La Mancha estaba gobernada por el PP- era uno de los ocho preseleccionados por el anterior gobierno socialista.

La plataforma contraria al ATC sostiene que detrás del proyecto hay oscuros intereses económicos. "Se han adjudicado muchos contratos. Se han dado 36 millones de euros a Iberinco, una empresa filial de Iberdrola en la que trabaja el marido de Cospedal… En definitiva es un auténtico escándalo".

Opacidad: los informes no han visto la luz

Sobre los informes que esta misma semana se han presentado para respaldar la idoneidad de los terrenos de Villar de Cañas, Villeta tampoco está satisfecho.

"Los informes no han visto la luz, varias agencias los han visto, nosotros no. Nosotros vimos uno en el año 2014 que se filtró de URS que ya avanzaba que los terrenos no eran idóneos y ya dijimos en su momento que nos parecía muy curioso que el CNS no lo tuviera en cuenta para rechazar el emplazamiento", matiza Villeta. "No puede ser que un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear que lo que tiene que hacer es precisamente velar por la Seguridad ignorase un informe así".

En cuanto a la labor de transparencia, la plataforma cuestiona que se haya obrado correctamente. "El CSN ha accedido a publicar los informes, pero lo ha hecho porque le han obligado por la presión. Lo que tendría que hacer es publicarlos en su web para que tenga acceso todo el mundo y no tengamos que esperar a que los publique Transparencia Internacional. Debería ser obligación del CSN. Precisamente éste va a ser uno de los temas para la marcha del día 24 en Villar de Cañas en contra del ATC porque los terrenos no valen y el proyecto supone un derroche de dinero público", concluye Villeta.

El ATC se encuentra paralizado en los tribunales a la espera de que se resuelva si prospera el expediente para ampliar la protección ambiental en la zona, solicitado por el gobierno de Castilla-La Mancha tras el cambio de signo político. Desde que el 30 de julio de 2015 arrancara oficialmente el proceso no se podrían dar permisos sobre la zona en virtud de la ley autonómica de conservación de la naturaleza. Pese a ello, la plataforma denuncia que sí se han continuado firmando contratos en relación al cementerio nuclear.

"Enresa sigue adjudicando contratos y suministros en un proceso que está parado", señala Villeta que asegura a Diariocrítico que los abogados de la plataforma lo están analizando por si hubiera indicios de ilegalidad para llevarlo incluso a la Audiencia Nacional. "En todo caso, puede que sea legal, pero no es moral. No hay permisos y además se están adjudicando los contratos a dedo", concluye Villeta.

El futuro del ATC

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podría estar a la espera de ver un informe clave antes de concluir el informe de impacto ambiental exigido para la ubicación definitiva del ATC en Villar de Cañas. Según apuntan desde la plataforma se ha hecho un trabajo muy intenso por parte de los técnicos y además queda pendiente un informe geológico que solicitó a Enresa el propio CSN que consideró aptos los terrenos sin que estuviera terminado.

No obstante, el futuro ministro de Industria que cogiera el testigo del saliente Soria podría tener que empezar de cero. "En cuanto al futuro del ATC, nosotros apostamos porque se decida finalmente su paralización al proteger los terrenos cuando la UE los incluya en la Red Natura 2000", concluye Villeta. Algo que podría suceder próximamente.

Hay que recordar que el Parlamento aprobó que la instalación debía construirse y comenzar a albergar los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares a principios de 2017.

A este respecto, el Gobierno del PP ha advertido en varias ocasiones del coste que supondría para España la no costrucción del ATC, según sus cálculos. El ex ministro Soria aseguró en declaraciones a EP que la factura de la luz podría encarecerse hasta un 30% porque se paralizaría toda la producción eléctrica nuclear en el país -un 20% del total- y los contribuyentes tendrían que seguir abonando los 22 millones al año por los residuos que actualmente están en Francia y deberían regresar en 2018.

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