Además, consideró que la decisión adoptada por Roberto Sáiz de trasladar las actuaciones para la celebración del juicio crea "indefensión" en el lehendakari, que podría sufrir "pena de banquillo", si tuviera que plantear como cuestión previa al inicio de la vista oral la resolución del TS sobre el 'caso Botín'.
Estas son las argumentaciones centrales que la representación legal de Ibarretxe ha planteado en el recurso de reforma que interpuso hoy contra la providencia de Sáiz del pasado 5 de diciembre por la que decidió elevar las actuaciones del procedimiento penal a la Sala Civil y Penal del TSJPV, que será la que enjuicie la causa.
El escrito de la defensa de Ibarretxe indica que el pasado 11 de diciembre se le notificó la providencia, en la que se comunicó a las partes la remisión del sumario a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, así como también los escritos de recusación presentados contra tres magistrados que podrían conformar el tribunal enjuiciador, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Nekane Bolado.
Además, recuerda que, a través de los medios de comunicación, se ha conocido el acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, fechado el 3 de diciembre, por el que se "delimita el papel y alcance de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados".
"Sin perjuicio de que el alcance del mismo no puede precisarse con detalle en este momento, toda vez que está todavía pendiente de su redacción por parte del ponente, entendemos que, dada la posible trascendencia directa que pudiera tener sobre la presente causa penal la doctrina que vaya a establecer el Tribunal Supremo en el auto que se va próximamente a dictar, estaría plenamente justificado, y así se solicita, el dejar en suspenso la elevación de los autos a la Sala Civil y Penal", precisa.
A su juicio, de confirmarse el contenido de la decisión del TS, en la que de afirmaba que no se puede proceder a la apertura de juicio oral en un procedimiento abreviado con sólo la acusación de la acción popular, "conllevaría la revocación del auto de apertura de vista oral, dejando sin efecto el mismo".
Por ello, considera "prudente" de elevación de las actuaciones en este momento procesal, ya que la doctrina del TS en el denominado "caso Botín" podría "dar lugar a una aplicación de las normas esenciales del procedimiento penal distinta y contrapuesta a lo que se ha acordado por ese magistrado instructor en el auto de apertura de vista oral de 26 de octubre de 2007", lo que provocaría "la indefensión" de Ibarretxe.
"PENA DE BANQUILLO"
Asimismo, señala que el tener que plantear el tema como cuestión previa en un momento procesal posterior "conllevaría padecer la denominada 'pena de banquillo'. "Todo ello tendría que ver necesariamente con la posible vulneración de los derechos fundamentales de mi defendido y que, de forma específica, se detallan en los artículos 14, 23 y 24 de la Constitución", asevera.
"La cuestión que se plantea en este momento procesal obedece a la situación nueva que, como tal, se habría creado tras el acuerdo del Tribunal Supremo adoptado el día 3 de diciembre de 2007 y que, entendemos podría ser trasladable al presente proceso por tener una similitud evidente que permitiera no alargar indebidamente el proceso, una vez que ya se conozca con exactitud la opinión determinante del Pleno del citado Tribunal Supremo", subraya.
Para la defensa del lehendakari, "la prudencia" de estimar su recurso "redundaría en beneficio, no sólo de la tutela judicial efectiva, más exigible si cabe en el ámbito penal, sino también en la oportunidad que tendría el propio magistrado-instructor de, llegado el caso y de conformidad con la doctrina que establezca el Tribunal Supremo sobre el tema de la legitimación procesal, proceder de oficio, o instancia de cualquiera de las partes imputadas, y adoptar así una resolución ajustada a derecho y en consonancia con la interpretación que la Sala de lo Penal del TS".
Por ello, solicita a Roberto Sáiz que admita su impugnación, revocando y dejando sin efecto el contenido de la providencia del pasado 5 de diciembre, o acuerde, de forma expresa, "suspender con carácter temporal", la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal "con el fin de evitar que el recurso pierda su finalidad ante el órgano judicial competente".
"IMPULSOS POLITICOS"
Por su parte, Lehendakaritza, en un comunicado hecho público para explicar la actuación de la representación legal de Ibarretxe, destaca que, si el juez instructor "persiste en su incomprensible afán de llevar esta causa a juicio oral, a pesar de la doctrina que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anunciado que va a establecer, dejará en evidencia, una vez más, los impulsos políticos con los que han actuado hasta ahora algunos jueces y magistrados en el TSJPV".
"Esta causa penal es un sinsentido en la que los jueces única y exclusivamente han atendido los criterios del Foro Ermua, a pesar de los múltiples pronunciamientos habidos tanto por parte del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional como de la propia Audiencia Nacional", asevera.
A su juicio, el fondo de la causa se trata de "un hecho sin relevancia penal excepto para el Foro Ermua y los magistrados que han inculpado al lehendakari". "Esta causa debe archivarse inmediatamente y los responsables de haberla iniciado y continuado deben de reconocer sus errores y, así, devolver a la Administración de Justicia la independencia, la credibilidad y la estabilidad que necesita para llevar a cabo su función", concluye.
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