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Sánchez y Vivas acuerdan devolver a los menores de Ceuta a Marruecos con arreglo a la Ley de Extranjería

Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas
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Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas (Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo)
miércoles 25 de agosto de 2021, 15:51h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este miércoles una reunión en La Moncloa para abordar la situación de los menores llegados en mayo a la ciudad autónoma, después de que un juzgado paralizase las devoluciones. En el encuentro, han acordado como "única solución" la devolución de los menores siguiendo los trámites que marca la Ley de Extranjería, y hacerlo "en el menor tiempo posible".

Tras su reunión con Sánchez, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la "única opción que se contempla" es el retorno asistido a Marruecos de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad desde el pasado mes de mayo. Según ha explicado, el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a "reforzar los medios y recursos que sean necesarios para cumplir con la interpretación del procedimiento de retorno que ha dictaminado la Justicia, especialmente en lo relacionado a la realización de expedientes individualizados".

"El Estado se ha comprometido a activar los recursos que hagan falta, contando para ello con la colaboración de las autoridades marroquíes", ha afirmado Vivas, que también ha avanzado el compromiso del Gobierno de presentar "cuanto antes" el plan de actuaciones para " asegurar un futuro de Ceuta en condiciones de seguridad y estabilidad".

Vivas ha agradecido públicamente a Sánchez la "rapidez" en la convocatoria de esta reunión, justo después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta mantuviese la paralización de las devoluciones ya que la Administración no siguió los trámites fijados por la Ley de Extranjería, que requiere expedientes individuales de cada menor, en los que deben figurar los datos de filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen. El presidente de la ciudad autónoma ha aseverado que esta situación está entre las prioridades del Gobierno "porque se trata de un asunto de Estado y es un problema de envergadura".

El presidente ceutí ha insistido en que, desde el primer momento, la ciudad autónoma reaccionó de manera inmediata para habilitar dispositivos de acogida temporal que en estos momentos alojan a unas 1.500 personas, entre adultos y menores, y que transcurridos tres meses desde su llegada, siguen siendo utilizados como recursos de emergencia.

"La situación en Ceuta es insostenible, y no es retórica. Los menores no están en las debidas condiciones. Los que están acogidos están en estos recursos de emergencia y los que están en la calle, en precario", ha asegurado, antes de recordar que fue su gobierno el que pidió al Estado que se activara el acuerdo de retorno de menores con Marruecos, que nunca se había puesto en práctica y que ha sido cuestionado por las organizaciones que han recurrido judicialmente. los traslados.

Vivas ha reiterado que "el objetivo es ahora retomar esos procedimientos de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la Ley de Extranjería, activando todos los recursos que sean necesarios para viabilizar los traslados sin reproches de las autoridades judiciales".

El Gobierno anuncia refuerzos para la repatriación de los menores

El jefe del Ejecutivo ha anunciado un triple refuerzo para un regreso seguro y ordenado de los menores, en tres ejes: el de las capacidades, el administrativo y el diplomático. En su reunión con Vivas, ha coincidido en la "necesidad de favorecer este regreso asistido de los menores a su país de origen, especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar".

A juicio de Sánchez, "el interés de los menores aconseja poner fin a una situación extraordinaria que tuvo como origen una crisis diplomática ya resuelta, pero que sigue suponiendo un desafío a los servicios públicos de la ciudad y al bienestar de los menores afectados, lo cual obliga a las administraciones públicas a encontrar una solución efectiva".

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